El gobierno federal alista una nueva Ley General en materia de feminicidio que obligaría a investigar toda muerte violenta de mujeres bajo este delito, en un intento por eliminar la impunidad y evitar la reclasificación de casos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que enviará la iniciativa al Senado, destacando que uno de los principales objetivos es impedir que los feminicidios sean catalogados como suicidios o accidentes.
La propuesta plantea una reforma constitucional para facultar al Congreso a emitir una legislación general que obligue a todas las entidades a homologar sus normas y protocolos en la materia.
De acuerdo con la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, el proyecto contempla penas de hasta 70 años de prisión, así como nueve criterios para determinar razones de género y 21 agravantes.
Entre las medidas más relevantes se encuentra la obligatoriedad de investigar con perspectiva de género desde el primer momento, la continuidad de los procesos sin interrupciones y la imprescriptibilidad del delito.
También se establece que las personas responsables perderán derechos civiles y familiares, además de ser inhabilitadas para ejercer cargos públicos.
La iniciativa incluye la creación de fiscalías especializadas, así como mecanismos de atención integral para víctimas y familiares, que abarcan desde apoyo psicológico y médico hasta asesoría legal gratuita.
En materia de prevención, se contempla el fortalecimiento de políticas públicas, campañas de concientización y la creación de registros nacionales para dimensionar el impacto del feminicidio, incluyendo el de menores en situación de orfandad por este delito.
La propuesta forma parte de las acciones del gobierno federal para reforzar el marco legal y responder a la violencia feminicida en el país.
