La 61 Legislatura de Querétaro aprobó en lo general la Reforma al Poder Judicial con 19 votos a favor, cinco en contra y una abstención, en una sesión marcada por tensiones políticas, especialmente dentro de Morena, donde no se logró una postura unificada.
Durante el debate, la diputada Claudia Díaz Gayou criticó el dictamen al considerar que no representa un cambio estructural, sino un mecanismo que mantiene el control político. Además, advirtió sobre el riesgo de trasladar temas clave a leyes secundarias, lo que permitiría modificaciones con menor consenso.
En el mismo sentido, el legislador Eric Silva calificó el proceso como apresurado y cuestionó la creación de la Escuela de Formación Judicial como filtro para aspirantes.
Por otro lado, el coordinador de Morena, Edgar Inzunza Ballestero, defendió la reforma al señalar que responde a la necesidad de cumplir con el mandato constitucional. A esta postura se sumó la diputada Juliana Hernández, quien subrayó la importancia de garantizar perfiles preparados en la impartición de justicia.
Asimismo, el diputado Guillermo Vega destacó que el dictamen es resultado de consensos técnicos y políticos, mientras que Andrea Tobar planteó avanzar en su aprobación y realizar ajustes mediante reservas.
Entre los puntos clave de la reforma se encuentra la elección por voto ciudadano de jueces y magistrados a partir de 2027, así como la creación de un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina.
Tras su aprobación en lo general, el Congreso inició la discusión en lo particular, donde resaltó la modificación al artículo cuarto transitorio para permitir la designación de magistrados sustitutos temporales, abriendo una nueva etapa en la definición del modelo judicial en el estado.
