El proyecto del nuevo relleno sanitario en Corregidora ha encendido el debate público no solo por su impacto ambiental, sino por los actores involucrados en su desarrollo. En el centro de la discusión aparece José Rodrigo Urquiza Escobar, representante legal de la empresa FSO 3 S.A. de C.V., propietaria de los terrenos donde se busca instalar la infraestructura.
La propuesta ha generado inconformidad entre habitantes de la zona, quienes advierten posibles riesgos ambientales y cuestionan la ubicación del proyecto. No obstante, el análisis también se ha extendido hacia el perfil empresarial de quien encabeza la firma vinculada al predio.
Urquiza Escobar mantiene presencia en distintos sectores estratégicos en la región. Entre ellos, destaca su relación con la empresa Sistemas de Agua de Querétaro, una operadora privada que ha sido parte del debate en torno a la gestión del recurso hídrico en el estado, particularmente por los esquemas de concesión.
A esto se suma su participación en desarrollos inmobiliarios, especialmente en el Bajío, con proyectos vinculados a infraestructura urbana en municipios como Apaseo el Alto, Guanajuato.
En el ámbito empresarial y social, también ha sido identificado como presidente de un club campestre en Querétaro, lo que refleja su inserción en espacios de alto nivel económico.
Uno de los aspectos que ha generado mayor controversia es que la empresa FSO 3 promovió el cambio de uso de suelo del predio donde ahora se plantea construir el relleno sanitario. Este hecho ha despertado dudas sobre la planeación del proyecto y la posibilidad de que existiera una ventaja anticipada en el proceso.
El caso ha abierto una discusión más amplia sobre la concentración de intereses en sectores clave como el manejo de residuos, el agua y el desarrollo inmobiliario, así como sobre los mecanismos mediante los cuales se autorizan proyectos de gran impacto en el estado.
En medio de este escenario, el desarrollo del relleno sanitario continúa bajo análisis, mientras crecen las exigencias de mayor transparencia en las decisiones públicas y en la participación de actores privados.