La regidora Paulina Aguado Romero votó en contra de dos acuerdos aprobados durante la más reciente sesión de Cabildo del municipio de Querétaro, relacionados con operaciones inmobiliarias y adquisición de predios, al señalar presuntas inconsistencias, falta de transparencia y decisiones que —afirmó— no garantizan el interés de la ciudadanía.
Uno de los puntos cuestionados fue la adquisición del terreno donde se pretende construir la nueva delegación María Justa Aldama, debido a que los tres predios propuestos para la sede delegacional y un centro de atención municipal no se localizan dentro de la propia demarcación, sino en territorio correspondiente a la delegación Epigmenio González.
La regidora sostuvo que la decisión contradice principios básicos de accesibilidad y cercanía que deberían regir la instalación de oficinas delegacionales.
“Este acuerdo debería de bajarse porque no tenemos la información completa y estar votando algo así sería una gran irresponsabilidad por parte de este Ayuntamiento”, expresó durante la sesión.
Paulina Aguado también rechazó la enajenación de 11 predios propiedad del municipio, al considerar que en varios casos no se presentó información suficiente sobre los valores reales de los inmuebles involucrados.
Entre los casos señalados destacó un terreno de aproximadamente dos mil metros cuadrados ubicado en la zona de El Salitre, cuyo valor habría pasado de más de 16 millones 360 mil pesos a únicamente 8 millones de pesos en un año.
La regidora afirmó que la propuesta carece de información fundamental sobre los avalúos de los predios que serían intercambiados para adquirir el nuevo terreno destinado a la delegación y al centro de atención municipal.
Además, cuestionó que el municipio entregue aproximadamente 14 mil metros cuadrados en ubicaciones estratégicas y con usos de suelo favorables, a cambio de un terreno de poco más de 10 mil metros cuadrados, sin claridad suficiente sobre los montos reales de la operación ni sobre el remanente económico contemplado.
Paulina Aguado también manifestó su desacuerdo con la venta de áreas de equipamiento urbano, al recordar que históricamente ha impulsado la defensa de estos espacios para destinarlos a infraestructura y servicios públicos como parques, jardines, estaciones de bomberos, instalaciones de la Cruz Roja y otros proyectos comunitarios.
Finalmente, reiteró que continuará promoviendo una agenda enfocada en transparencia, rendición de cuentas y protección del patrimonio municipal, además de insistir en la necesidad de impulsar mecanismos legales que limiten la enajenación discrecional de predios destinados al equipamiento urbano.
