El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, defendió las observaciones enviadas por el Poder Ejecutivo a la Ley de Identidad de Género y rechazó que su decisión tenga como objetivo limitar derechos o promover actos de discriminación contra algún sector de la población.
El mandatario estatal sostuvo que las observaciones presentadas al Congreso local forman parte de las facultades constitucionales del Ejecutivo y aseguró que buscan generar mayor claridad jurídica sobre los alcances de la reforma aprobada por la Legislatura.
Kuri reiteró que una de sus principales preocupaciones está relacionada con la protección de niñas, niños y adolescentes, al considerar que cualquier modificación legal en esta materia debe analizarse con responsabilidad y garantizando el interés superior de la niñez. Desde que la iniciativa fue aprobada por el Congreso local, el gobernador había señalado la necesidad de revisar cuidadosamente su contenido antes de su publicación.
Asimismo, afirmó que la decisión de devolver la reforma con observaciones no representa un rechazo definitivo al tema, sino la apertura de una nueva etapa dentro del proceso legislativo, en la que corresponderá al Congreso analizar los planteamientos realizados por el Ejecutivo y determinar si mantiene o modifica el texto originalmente aprobado.
El gobernador también rechazó las críticas de colectivos y actores políticos que han cuestionado su postura, y sostuvo que su administración mantiene el compromiso de respetar los derechos humanos de todas las personas, al tiempo que impulsa medidas que, desde su perspectiva, otorguen certeza jurídica a las familias queretanas.
La discusión sobre la Ley de Identidad de Género continúa ahora en el Poder Legislativo, donde las observaciones del Ejecutivo deberán ser analizadas por una comisión legislativa antes de regresar al pleno para una eventual segunda votación. De acuerdo con el procedimiento parlamentario, cualquier modificación o ratificación requerirá el respaldo de una mayoría calificada de las y los diputados.
El tema ha generado un amplio debate entre organizaciones civiles, colectivos de la diversidad sexual, legisladores y autoridades estatales, quienes mantienen posturas encontradas sobre el alcance de la reforma y sus posibles efectos jurídicos y sociales en la entidad.
