Atacar el origen del entorno familiar y social es prioritario frente al simple aumento de las penas de cárcel. Así lo manifestó Sinuhé Piedragil Ortiz, actual presidente del Poder Legislativo queretano, quien argumentó que las estrategias estrictamente de castigo resultan insuficientes para erradicar las conductas delictivas y los entornos de violencia que vive el estado.
La postura surge como respuesta a la propuesta del ejecutivo estatal, encabezado por Mauricio Kuri, que busca tipificar y sancionar el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales. Ante esto, el líder del Congreso local urgió a elaborar un estudio técnico, riguroso y ajeno a intereses políticos que explique las dinámicas de vulnerabilidad en la juventud actual.
Radiografía de la crisis comunitaria
El legislador enfatizó que el tejido social muestra alarmas claras que no se corrigen con reformas al código penal. Entre los principales focos rojos destacó:
- El incremento sostenido en los litigios del orden familiar.
- El repunte en las agresiones físicas y psicológicas dentro de los hogares.
- La persistencia de la violencia de género.
“Hay un fenómeno profundo ocurriendo en las familias. Requerimos una evaluación profesional que nos permita intervenir directamente en los orígenes del problema”, apuntó.
Para Piedragil Ortiz, hechos delictivos recientes donde se han visto implicados menores de edad —como el suscitado en el municipio de Ezequiel Montes— evidencian el fracaso de las políticas de contención e imponen la necesidad de coordinar los tres niveles de gobierno para corregir las deficiencias del sistema actual.
Cuestionamientos a la agenda del Ejecutivo
Al ser cuestionado sobre las coincidencias en las iniciativas de seguridad promovidas por el partido oficialista (PAN), el diputado sugirió que existe una construcción discursiva orientada a la severidad penal con fines de percepción pública. Aseguró que la ciudadanía percibe dicha tendencia y que la bancada que representa mantiene una postura crítica frente a este modelo.
Finalmente, respecto a la renovación de la Fiscalía Anticorrupción, confirmó que el Poder Legislativo vigilará que las comparecencias de los aspirantes propuestos por el gobernador se realicen bajo principios de total apertura y parlamento abierto. Aunque adelantó que la bancada de Morena evalúa ausentarse del desarrollo de las entrevistas, aclaró que su rol institucional como presidente de la Mesa Directiva garantizará el cumplimiento legal de los plazos y formatos que determine la Junta de Coordinación Política.
