Hacer periodismo o defender causas sociales en México es, desde hace años, una actividad de altísimo riesgo. Querétaro no es la excepción, y la necesidad de herramientas legales para frenar las agresiones ha escalado hasta el Congreso local. La diputada Claudia Díaz Gayou puso sobre la mesa una iniciativa de Reforma Constitucional que busca obligar —con todas las letras— al Estado y a los municipios a proteger la vida, integridad y libertad de periodistas y activistas.
La propuesta no solo busca reaccionar ante las agresiones físicas o digitales, sino que apunta directo a un monstruo silencioso que asfixia a los medios locales: la presión financiera como método de censura.
Los tres ejes clave de la iniciativa
El proyecto para modificar el Artículo 2 de la Constitución local no pretende quedarse en el discurso ni en buenas intenciones temporales. Estos son los puntos medulares:
- Obligación permanente: Elevar la protección a rango constitucional para que sea un compromiso institucional fijo de las autoridades, sin importar el gobierno en turno.
- Freno al estrangulamiento financiero: Reconocer formalmente que castigar las líneas editoriales críticas mediante el retiro de publicidad oficial o bloqueos económicos también es una forma de violencia.
- Leyes secundarias con “dientes”: Diseñar un marco normativo posterior que defina presupuestos, sanciones a funcionarios omisos, evaluaciones de riesgo reales y mecanismos urgices de protección.
“Ningún medio de comunicación debe verse obligado a elegir entre informar con libertad o garantizar su viabilidad financiera. La crítica al poder nunca debe responderse con un veto al bolsillo”, sentenció la legisladora.
El peso de la realidad: ONU y Parlamento Abierto
Para dimensionar la urgencia, la diputada recordó que organismos internacionales como la ONU y Reporteros Sin Fronteras mantienen encendidas las alarmas sobre México, colocándolo como uno de los territorios más peligrosos del mundo para la prensa. Aunque desde 2012 existe un mecanismo federal de protección, la falta de una coordinación real y obligatoria con los estados deja grandes lagunas que esta reforma pretende subsanar.
¿Qué sigue?
La iniciativa no se votará a puerta cerrada. Se anunció que durante este mes de junio se llevará a cabo un ejercicio de Parlamento Abierto. La intención es que el gremio periodístico, las empresas de comunicación, los colectivos de activistas y los ciudadanos interesados aporten sus experiencias y propuestas técnicas para construir la ley secundaria que le dará vida a este blindaje constitucional.
