El coordinador de Movimiento Ciudadano en Querétaro, Armando Rivera Castillejos, cuestionó el manejo de recursos públicos por parte del gobierno municipal de Querétaro y denunció presuntas inconsistencias en proyectos de infraestructura y eventos conmemorativos, al señalar que existe falta de transparencia en diversos rubros de la administración capitalina.
Durante una conferencia de prensa, el excandidato a la presidencia municipal agradeció la atención brindada por los medios de comunicación a los señalamientos realizados por su partido respecto al gasto destinado a la conmemoración de los 300 años del Acueducto de Querétaro.
Rivera Castillejos afirmó que dicho evento registró un costo superior a los 16 millones 700 mil pesos, cifra que contrastó con el presupuesto inicial que, según dijo, se había estimado en alrededor de un millón y medio de pesos. Ante ello, pidió a las autoridades municipales ofrecer información detallada sobre el destino de los recursos ejercidos y los criterios utilizados para su asignación.
El dirigente de Movimiento Ciudadano también criticó la ejecución de diversas obras públicas en la capital, particularmente aquellas relacionadas con infraestructura pluvial y sistemas de alcantarillado, al considerar que los resultados observados durante la temporada de lluvias evidencian deficiencias en la planeación y funcionamiento de los proyectos.
Asimismo, señaló retrasos en trabajos de urbanización que, aseguró, han afectado a habitantes de distintas zonas de la ciudad. Como ejemplo, mencionó una obra de aproximadamente 300 metros lineales que, de acuerdo con sus declaraciones, acumula más de ocho meses sin ser concluida.
Rivera Castillejos sostuvo que los ciudadanos tienen derecho a conocer de manera puntual cómo se ejercen los recursos públicos y cuál es el avance real de las obras financiadas con dinero del erario, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas dentro del gobierno municipal.
Finalmente, Movimiento Ciudadano reiteró su llamado a las autoridades capitalinas para transparentar los costos de los proyectos cuestionados, informar sobre el estado de las obras en ejecución y garantizar que los recursos públicos se administren con eficiencia y resultados tangibles para la población.
