La diputada local del Partido del Trabajo, Claudia Díaz Gayou, criticó la designación del nuevo titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Querétaro y aseguró que el procedimiento estuvo marcado desde su origen por la intervención del Poder Ejecutivo estatal, por lo que consideró que el resultado era predecible independientemente de quién resultara electo.
Durante su posicionamiento, la legisladora sostuvo que la selección del nuevo Fiscal Anticorrupción respondió a un esquema previamente definido por el gobierno estatal. Afirmó que, desde el momento en que la terna fue propuesta por el Ejecutivo, existía ya una decisión anticipada sobre el perfil que sería respaldado.
Díaz Gayou explicó que votó en contra del procedimiento y posteriormente anuló su sufragio junto con otros legisladores, al considerar que hacerlo de otra manera implicaría validar un mecanismo que han cuestionado desde la reforma aprobada en agosto de 2024.
Señaló que tanto ella como otros integrantes del PT mantuvieron una postura de rechazo frente al proceso, pese a que algunos legisladores de Morena y de la Cuarta Transformación decidieron respaldar la designación bajo el argumento de que existen contrapesos institucionales y una reforma en marcha para modificar futuras designaciones.
La diputada afirmó que su grupo parlamentario optó por no legitimar un procedimiento que, a su juicio, contradice las críticas que durante meses realizaron respecto a la concentración de facultades en el Ejecutivo para la selección de perfiles.
Asimismo, cuestionó la reforma aprobada recientemente en la Comisión de Puntos Constitucionales para modificar el método de designación de futuros fiscales anticorrupción. Explicó que la propuesta contempla que la Junta de Coordinación Política conduzca el procedimiento mediante una convocatoria abierta, aunque también establece que, si en un plazo de 30 días no se alcanza un acuerdo legislativo, el Ejecutivo podrá realizar el nombramiento.
A juicio de la legisladora, este esquema mantiene una injerencia del Poder Ejecutivo en el proceso y limita la autonomía del Congreso para ejercer plenamente sus atribuciones. Además, criticó que los cambios propuestos entren en vigor hasta el año 2035, lo que, consideró, retrasa los efectos de una reforma que debería aplicarse de manera inmediata.
Díaz Gayou también manifestó su desacuerdo con la decisión de continuar el procedimiento de designación después de que uno de los integrantes de la terna fuera descartado por no cumplir con los requisitos legales. Según expuso, la propuesta debió ser devuelta al Ejecutivo para que presentara una nueva terna completa antes de continuar con la votación.
Finalmente, defendió la decisión de los legisladores que anularon su voto al señalar que actuaron en congruencia con las demandas de diversos sectores ciudadanos. Reiteró que, desde su perspectiva, el proceso careció de legitimidad popular y sostuvo que su postura buscó evitar convertirse en parte de una designación que considera alineada a los intereses del gobierno estatal.
