La diputada local Juliana Hernández Quintanar presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro para que madres y padres que laboran en el servicio público puedan ausentarse de sus actividades laborales, con goce de sueldo, cuando deban atender asuntos académicos relacionados con sus hijos menores de edad.
La propuesta busca modificar el artículo 51 de la legislación vigente con el objetivo de facilitar la participación de las familias en la formación educativa de niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta que actualmente muchos hogares dependen del trabajo de ambos padres o incluso de una sola persona responsable de la crianza.
La legisladora explicó que la iniciativa pretende garantizar que los trabajadores puedan acudir a reuniones escolares, citas con docentes, festivales, actividades académicas o cualquier asunto relacionado con el desarrollo educativo de sus hijos sin que ello represente una afectación económica.
Hernández Quintanar señaló que la propuesta está sustentada en el principio del interés superior de la niñez, al considerar que el acompañamiento familiar es un elemento fundamental para el desempeño académico y el desarrollo integral de los menores.
Indicó que la iniciativa surgió luego de escuchar a madres y padres trabajadores que enfrentan dificultades para asistir a actividades escolares debido a sus horarios laborales, situación que en muchas ocasiones limita su participación en la educación de sus hijos.
La reforma contempla que los permisos sean justificados y puedan extenderse hasta por cuatro horas, permitiendo que los trabajadores atiendan sus responsabilidades familiares y posteriormente regresen a sus labores habituales.
La diputada precisó que la iniciativa no establece un número determinado de permisos al año, ya que cada caso deberá analizarse de manera particular, considerando las necesidades específicas de cada familia y las circunstancias de cada menor.
Asimismo, señaló que existen situaciones que pueden requerir una atención más frecuente por parte de los padres, como problemas de conducta, dificultades de aprendizaje o procesos especializados de desarrollo cognitivo.
De aprobarse la propuesta, el beneficio aplicaría para trabajadores del Gobierno del Estado, municipios, organismos autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial y entidades paraestatales.
Finalmente, Juliana Hernández adelantó que ya existen acercamientos para impulsar una propuesta similar en el ámbito federal, con la intención de que este derecho también pueda extenderse a trabajadores del sector privado y fortalecer la participación de las familias en la educación de sus hijos.
