La familia Urquiza, propietaria de terrenos agrícolas en Huimilpan desde hace varias décadas, denunció públicamente al exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, por presuntamente intentar obtener el control de un predio de aproximadamente 100 hectáreas y del agua de un pozo con una concesión de hasta 360 mil metros cúbicos anuales.
Durante una conferencia de prensa, Pamela Urquiza Lindacher expuso que el conflicto estaría relacionado con un proyecto inmobiliario planteado desde 2023 mediante un fideicomiso en el que participaría la empresa MJF Campestre, a la que vinculó con el exmandatario panista.
De acuerdo con la versión de la familia, el proyecto contemplaba el desarrollo inmobiliario de los ranchos “La Haciendita”, con una superficie de 169 hectáreas, y “El Salto”. Bajo el esquema propuesto, MJF Campestre asumiría el papel de desarrolladora y recibiría 80 por ciento de las ganancias, mientras que la familia Urquiza obtendría el 20 por ciento.
Pamela Urquiza señaló que el fideicomiso presentaba condiciones que, desde su perspectiva, no ofrecían garantías suficientes sobre los tiempos de ejecución del proyecto, mecanismos para exigir su cumplimiento o posibles sanciones, por lo que calificó el acuerdo como “leonino”.
Uno de los principales puntos de disputa sería el recurso hídrico existente en el rancho “El Salto”, donde se encuentra un pozo cuya concesión permite extraer hasta 360 mil metros cúbicos de agua al año.
La familia explicó que, tras el fallecimiento de Agustín Urquiza Fernández de Jáuregui, el rancho “La Haciendita” fue heredado a María Guadalupe Fernández Villanueva, mientras que posteriormente parte del patrimonio relacionado con “El Salto” fue donado a Julián y Pamela Urquiza con el propósito de preservar los bienes familiares.
Según los denunciantes, a partir de estas operaciones se desencadenaron distintos procedimientos legales y denuncias penales que consideran parte de una estrategia para presionarlos y conseguir el control de los terrenos y del agua.
Urquiza Lindacher sostuvo que el proyecto inmobiliario planteado para “La Haciendita” no se ha concretado y que actualmente el terreno mantiene actividades agrícolas. Afirmó además que dicho predio depende del agua proveniente del pozo ubicado en “El Salto”.
“La Haciendita no tiene agua, se nutre del agua del pozo que está en El Salto”, manifestó.
La denunciante aseguró que las presiones hacia la familia han aumentado ante el interés de utilizar el agua de “El Salto” para abastecer “La Haciendita”, situación que relacionó con el proyecto inmobiliario que atribuye a intereses vinculados con el exgobernador.
Asimismo, los integrantes de la familia señalaron que desde 2023 comenzó la construcción de un estadio de béisbol en un rancho propiedad de Domínguez Servién ubicado en la misma zona de Huimilpan, circunstancia que, afirmaron, incrementó sus preocupaciones respecto al desarrollo de proyectos en la región y al uso de los recursos naturales.
Durante la conferencia, la familia Urquiza acusó al exgobernador de encabezar lo que calificó como un “cártel inmobiliario” en Querétaro y señaló también una presunta participación de autoridades locales en el conflicto.
Las acusaciones fueron presentadas por la familia como parte de una denuncia pública y deberán ser acreditadas ante las autoridades correspondientes. Hasta el momento, el conflicto permanece en el ámbito legal.
Los Urquiza señalaron que su objetivo es preservar la propiedad de sus terrenos agrícolas y mantener el control sobre el recurso hídrico concesionado al rancho “El Salto”, mientras continúan las acciones legales relacionadas con el caso.
