Las diputadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Georgina Guzmán Álvarez y Perla Flores Suárez, presentaron los principales alcances de una iniciativa para crear la Ley de los Derechos de las Personas que Viven con el Espectro Autista y/o Neurodivergencias, con la que buscan convertir la inclusión en una obligación respaldada por la legislación estatal.
Durante un encuentro con representantes de organizaciones e instituciones de asistencia, Georgina Guzmán señaló que la inclusión no debe depender de la voluntad de una institución, sino convertirse en una responsabilidad compartida.
La propuesta contempla garantizar derechos relacionados con diagnóstico y atención adecuados, educación inclusiva, participación laboral, transporte, espacios públicos accesibles, cultura, deporte y recreación, además de reforzar la protección contra cualquier forma de discriminación.
Uno de los puntos centrales es la creación de una comisión intersecretarial en la que participen dependencias de salud, educación, trabajo, cultura, movilidad y gobierno, además del Sistema DIF, con el objetivo de coordinar políticas públicas dirigidas a esta población.
La iniciativa también plantea incorporar directamente a la comunidad en la toma de decisiones. Guzmán propuso que participe una persona dentro del espectro autista o, cuando sea necesario, su cuidador primario, al considerar que las políticas públicas deben construirse escuchando a quienes serán sus principales beneficiarios.
Buscan pasar del reconocimiento a derechos efectivos
Durante la reunión también se abordaron acciones que ya se desarrollan en el municipio de Querétaro, entre ellas el Centro Integral de Atención al Autismo.
Al encuentro acudieron Adry Olvera, presidenta del SMDIF; Gaby Valencia, directora del DIF Municipal de Querétaro, además de representantes de organizaciones y de instituciones de asistencia privada.
Las legisladoras señalaron que el objetivo de la propuesta es que el reconocimiento de las personas con autismo y neurodivergencias no quede únicamente en el discurso, sino que se traduzca en derechos exigibles, coordinación institucional y políticas públicas con participación de las propias familias y comunidades.
