Corregidora, Qro.– Mientras el presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala, afirma que cada peso administrado por el gobierno proviene del esfuerzo de la ciudadanía, su administración destinó un millón de pesos en una sola semana para cinco reportes de “Análisis de riesgo e inteligencia” relacionados con la comunicación pública del municipio.
La información fue documentada por Libertad de Palabra, medio que dio seguimiento a los contratos y proveedores vinculados con el gobierno municipal. De acuerdo con la investigación periodística, los reportes fueron contratados para generar recomendaciones y acciones relacionadas con las campañas de comunicación institucional.
El gasto ha generado cuestionamientos sobre la utilidad y justificación de estos servicios, particularmente por el monto destinado en un periodo tan corto.
“Aquí es muy importante pues que se transparente el porqué de esos análisis, para qué esos análisis (…) y cómo están beneficiando al ciudadano directamente”, señaló Sergio Rivera Magos, doctor en Comunicación, al referirse a este tipo de contrataciones.
La empresa encargada de elaborar los reportes es Gabinete 369 S.A. de C.V., firma que, de acuerdo con la investigación de Libertad de Palabra, acumula contratos por aproximadamente 8.5 millones de pesos durante el gobierno de Guerrero Trápala.
La compañía fue constituida el 5 de octubre de 2023 en Naucalpan, Estado de México, y entre sus socios aparecen Arturo Rodríguez Rivera, identificado como panista y exconsejero estatal del PAN en el Estado de México, y Gustavo Suárez Suárez, exfuncionario de la alcaldía Benito Juárez.
La investigación también documentó vínculos políticos alrededor de la empresa. Anna Cristina Govea Soler, esposa de Suárez Suárez y exdirigente del PAN en San Luis Potosí, estuvo en Querétaro durante las campañas electorales de 2024 y compartió fotografías con distintos candidatos y figuras panistas, entre ellos el entonces candidato a la presidencia municipal de Corregidora, Josué Guerrero.
Además de los contratos relacionados con comunicación, Gabinete 369 aparece como proveedora en otros conceptos dentro del municipio, entre ellos consultoría administrativa para el desarrollo y medición de indicadores.
De acuerdo con la información recopilada por Libertad de Palabra, también se encontró registrada para suministrar equipo de cómputo y tecnologías de la información, herramientas y máquinas, materiales de construcción y reparación, así como servicios de limpieza y manejo de desechos, incluso dentro del DIF Municipal.
La amplitud de los servicios contratados ha generado dudas adicionales sobre el alcance de las actividades de la empresa y la manera en que se justifica su participación en distintas áreas de la administración pública.
“Si lo hacen para contratar servicios, derrochar dinero sin que esto esté plenamente justificado y sin un resultado claro para la ciudadanía, pues yo creo que es un foco rojo”, advirtió Rivera Magos.
El académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) consideró necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia sobre este tipo de gastos y planteó la importancia de una mayor participación ciudadana en la revisión del uso de los recursos públicos.
“Tiene que haber una supervisión ciudadana mucho más cercana y una auditoría también mucho más grande, para una mayor rendición de cuentas”, puntualizó.
Hasta el momento, se tienen identificados cuatro contratos de Gabinete 369 en Corregidora, de los cuales dos de los de mayor monto corresponden precisamente a los llamados análisis de riesgo e inteligencia en comunicación pública. Otro está relacionado con consultoría administrativa para indicadores de la Jefatura de Gabinete, mientras que existe un contrato adicional con el mismo objeto cuyo contenido no se encuentra disponible para consulta.
Libertad de Palabra buscó entrevistar al presidente municipal Josué Guerrero para conocer su postura sobre estos contratos y otros aspectos relacionados con la comunicación de su gobierno; sin embargo, de acuerdo con el medio, no fue posible concretar el encuentro.
La investigación también recogió testimonios de ciudadanos, quienes plantearon distintas alternativas sobre cómo podrían utilizarse los recursos destinados a los cinco reportes realizados en una sola semana.
El caso abre nuevamente el debate sobre la contratación de servicios externos con recursos públicos y sobre la necesidad de que los gobiernos municipales no solo transparenten cuánto gastan, sino también qué resultados concretos obtiene la ciudadanía a cambio de esos recursos.
La información y los hallazgos sobre los contratos corresponden a la investigación realizada por Libertad de Palabra, cuyo trabajo periodístico permitió identificar los montos, conceptos y antecedentes de las contrataciones.
