El coordinador del Grupo Legislativo de Morena en la LXI Legislatura, Arturo Maximiliano García, cuestionó el protocolo denominado “6 de 6”, presentado desde el Poder Ejecutivo, al considerar que varios de los requisitos incluidos ya forman parte de la legislación vigente o han sido aplicados anteriormente como mecanismos de transparencia.
Durante un posicionamiento acompañado por las diputadas y diputados Claudia Díaz Gayou, Andrea Tovar Saavedra, Sully Mauricio Sixtos, Sinhué Piedragil Ortiz, Homero Barrera McDonald y Ulises Gómez de la Rosa, así como por la coordinadora del Grupo Legislativo del PVEM, Georgina Guzmán Álvarez, y Santiago Nieto Castillo, el legislador advirtió que no debe generarse la percepción de que se trata de medidas completamente nuevas.
“No hay que engañar a las ciudadanas y los ciudadanos del estado, diciéndoles que se va a implementar algo nuevo y que va a hacer alguna diferencia”, afirmó.
García explicó que distintos elementos contemplados en el protocolo, como las declaraciones patrimoniales, información relacionada con propiedades, inversiones, cuentas en el extranjero y otros activos, además de declaraciones fiscales y de conflicto de interés, ya forman parte de mecanismos establecidos para transparentar el desempeño de los servidores públicos.
En ese sentido, también se refirió al 3 de 3 contra la violencia, al señalar que actualmente es obligatorio y establece restricciones para quienes tengan una sentencia firme por violencia familiar, delitos sexuales o violencia política en razón de género, así como para quienes aparezcan en el registro de deudores alimentarios.
“Esto ya es un tema legal. Esto no es un tema que debe estar en ningún tipo de protocolo”, sostuvo.
El diputado añadió que los servidores públicos ya tienen obligaciones jurídicas relacionadas con la presentación de declaraciones patrimoniales de inicio, modificación y conclusión, además de la manifestación correspondiente sobre posibles conflictos de interés y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Pide modificar la ley si se buscan nuevos requisitos
Ante este escenario, Arturo Maximiliano García cuestionó que, si la intención del Ejecutivo era establecer nuevos requisitos de carácter obligatorio para las candidaturas, no se haya presentado una iniciativa de reforma ante el Congreso local.
“Si el Ejecutivo hubiera utilizado su facultad de iniciativa ante el Congreso para hacer una reforma electoral previa, al tiempo que anunciaba este protocolo, hubiera sonado lógico”, planteó.
El coordinador de Morena también consideró que los propios partidos políticos cuentan con herramientas previstas en la legislación federal para realizar revisiones sobre los perfiles de sus candidatas y candidatos.
Explicó que existen mecanismos para solicitar la revisión de expedientes ante instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
“Entonces, no hay nada nuevo en esto. Me parece que se queda corto, tomando en cuenta los instrumentos ya disponibles justamente en la legislación local y en la legislación federal”, puntualizó.
Finalmente, García hizo un llamado a las personas que participan en la recolección de firmas relacionada con esta propuesta para que conozcan el marco jurídico vigente y tengan claridad sobre los mecanismos legales que ya existen y que pueden utilizarse para fortalecer la transparencia en la selección de candidaturas.
