La coordinadora del Grupo Legislativo del PVEM señaló que la evaluación del gobierno debe centrarse en el bienestar de la población y cuestionó el gasto destinado a comunicación frente a las carencias en agua, salud, seguridad y apoyos sociales.
Durante su posicionamiento con motivo del Quinto Informe de Gobierno de Mauricio Kuri González, la diputada y coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ginna Guzmán Álvarez, cuestionó la estrategia de promoción del informe y sostuvo que la evaluación de una administración debe realizarse a partir de los resultados que tienen impacto directo en la vida de las familias.
Guzmán Álvarez señaló que durante los últimos días se ha observado una amplia difusión del informe en calles y municipios, así como la participación de servidores públicos en actividades relacionadas con su promoción.
La legisladora cuestionó el uso de vehículos oficiales, horas de trabajo de servidores públicos y otros recursos públicos para estas actividades, y planteó la necesidad de conocer cuánto representa este despliegue para las finanzas estatales.
Agua: persisten carencias en comunidades
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con el acceso al agua.
La diputada señaló que, aunque el gobierno estatal reporta avances en la cobertura de servicios básicos y ha anunciado obras hidráulicas, en distintas comunidades persisten problemas de abastecimiento.
Mencionó casos de familias que enfrentan tandeos, cobros por macromedidores y la necesidad de recurrir a pipas, además de localidades que aún presentan carencias en pavimentación, banquetas y drenaje.
Guzmán sostuvo que los resultados difundidos en el informe deben contrastarse con las condiciones que enfrentan las comunidades y planteó que todavía existe una parte importante de la población que espera atención en servicios básicos.
Seguridad y prevención social
En materia de seguridad, reconoció que Querétaro se mantiene entre las entidades con mejores indicadores, pero señaló que existen diferencias en la capacidad de atención entre la zona metropolitana y las comunidades más alejadas.
La diputada hizo referencia al número de elementos de seguridad por cada 100 mil habitantes y señaló que las comunidades de la Sierra, el semidesierto y aquellas alejadas de las cabeceras municipales pueden enfrentar mayores tiempos de respuesta ante emergencias.
También cuestionó la distribución presupuestal destinada a la prevención social.
Como ejemplo, comparó los recursos destinados al DIF estatal con el presupuesto del sistema penitenciario, cuyo monto, afirmó, es aproximadamente tres veces superior y supera los mil 200 millones de pesos para este año.
Cuestionan recursos para personas con discapacidad
Otro de los puntos señalados fue la atención a las personas con discapacidad permanente.
Guzmán recordó que anteriormente se impulsaron propuestas para establecer apoyos desde la legislación y que en su momento la respuesta fue que no existían recursos suficientes.
Posteriormente, señaló, se incorporó una bolsa de hasta 30 millones de pesos para este propósito.
La legisladora cuestionó que este monto se contraste con los recursos destinados a comunicación social del gobierno estatal.
Más de 167 millones de pesos para comunicación
Uno de los principales señalamientos de la diputada fue el presupuesto destinado a la comunicación del estado.
De acuerdo con sus declaraciones, se asignaron más de 167 millones de pesos a comunicación, de los cuales más de 35 millones corresponden a difusión por internet.
Guzmán cuestionó que se destinen recursos importantes al posicionamiento digital y a la promoción gubernamental mientras persisten necesidades en materia de apoyos sociales y atención a personas con discapacidad.
La legisladora planteó que el gasto público debe responder a las prioridades de la población y no únicamente a la difusión de los resultados de una administración.
Salud, comunidades indígenas y desarrollo territorial
En materia de salud, Guzmán puso en duda los avances reportados en el abasto de medicamentos y llamó a contrastar las cifras oficiales con la situación que viven las comunidades.
Mencionó particularmente el caso de La Manzana, en Amealco, donde, según expuso, existe un espacio donado por habitantes para ampliar el centro de salud, pero persisten carencias en la prestación del servicio.
También cuestionó la atención que reciben municipios y comunidades alejadas de la capital y sostuvo que existen localidades que, desde su perspectiva, han recibido menor inversión estatal.
Entre ellas mencionó Ezequiel Montes, Tolimán, Amealco y Cadereyta, además de referirse al caso de Huimilpan.
Sobre este municipio, expresó preocupación por proyectos de crecimiento urbano y por sus posibles efectos en el medio ambiente, el acceso al agua y el desarrollo territorial.
Cuestiona participación ciudadana en informe
Guzmán también puso en duda las cifras de participación ciudadana utilizadas por el gobierno estatal para presentar su modelo de “gobierno abierto”.
Señaló que los mecanismos de consulta deben considerar a personas que enfrentan dificultades para acceder a internet o utilizar herramientas digitales, así como a comunidades originarias.
La diputada criticó además que parte de las inversiones anunciadas para pueblos indígenas provengan de recursos federales, y pidió mayor claridad sobre la participación del gobierno estatal.
Finalmente, consideró que los ejercicios de rendición de cuentas son necesarios, pero sostuvo que deben permitir conocer con claridad cómo se utiliza el dinero público y cuáles son los resultados concretos de las políticas gubernamentales.
