Durante su posicionamiento por el Quinto Informe de Gobierno, el diputado Arturo Maximiliano García Pérez señaló contrastes entre el desarrollo económico del estado y las carencias que persisten en materia de agua, seguridad, discapacidad e infraestructura.
Al fijar el posicionamiento de Morena con motivo del Quinto Informe de Gobierno de Mauricio Kuri González, el coordinador del Grupo Legislativo, Arturo Maximiliano García Pérez, sostuvo que la evaluación de una administración debe centrarse en sus resultados y no únicamente en los indicadores de crecimiento económico, inversión o generación de empleos.
El legislador reconoció que Querétaro es un estado competitivo y con una economía sólida, pero cuestionó si el gobierno estatal ha estado a la altura de las condiciones y necesidades de su población después de cinco años de administración.
García Pérez también rechazó la idea de que los avances del estado puedan atribuirse exclusivamente a un partido político y sostuvo que la fortaleza de Querétaro es resultado, principalmente, del trabajo de su población.
Paseo 5 de Febrero: 7 mil millones por 5.7 kilómetros
Uno de los principales cuestionamientos del legislador fue dirigido a Paseo 5 de Febrero, obra considerada como una de las principales intervenciones de infraestructura de la actual administración.
García Pérez señaló que el proyecto tuvo un costo aproximado de 7 mil millones de pesos para una extensión de 5.7 kilómetros, además de cuestionar los tiempos de ejecución y los problemas que, desde su perspectiva, presentó la obra.
El diputado contrastó esta inversión con las necesidades de infraestructura básica que persisten en distintas colonias y comunidades, particularmente aquellas relacionadas con el acceso al agua.
Agua: persisten problemas de infraestructura
El coordinador de Morena afirmó que existen familias que todavía enfrentan dificultades para contar con agua en sus hogares y cuestionó que el acceso a este recurso pueda representar costos elevados para algunas comunidades.
Planteó que reconocer el agua como un derecho humano debe traducirse en infraestructura suficiente para garantizar su acceso y no en condiciones que obliguen a las familias a asumir costos excesivos para obtener una toma domiciliaria.
Violencia familiar: más de 4 mil 800 casos en 2025
En materia de seguridad, García Pérez reconoció que Querétaro presenta indicadores favorables en algunos delitos de alto impacto, pero señaló que estos datos no reflejan necesariamente todas las problemáticas de seguridad que enfrentan las familias.
Como ejemplo, mencionó que durante 2025 se registraron 4 mil 800 delitos de violencia familiar, además de alrededor de mil 300 delitos de violencia de género en sus distintas modalidades.
El diputado sostuvo que la seguridad no debe evaluarse únicamente a partir del gasto en policías, patrullas, cámaras o tecnología, sino también por la capacidad de las instituciones para responder oportunamente cuando la población solicita auxilio.
Piden universalizar pensión para personas con discapacidad
Otro de los temas señalados fue la atención a las personas con discapacidad permanente de entre 30 y 64 años.
García Pérez cuestionó que el estado todavía no aporte los recursos necesarios para avanzar hacia la universalización de este apoyo, mientras que el Gobierno Federal, afirmó, mantiene disposición para aportar la parte que le corresponde.
El legislador consideró que garantizar este tipo de apoyos debe formar parte de las prioridades de política social.
Cuestionan resultados de la Agencia Estatal de Energía
García Pérez también puso bajo la lupa a la Agencia Estatal de Energía, cuyo funcionamiento, señaló, representa un costo superior a 50 millones de pesos anuales.
A cinco años de su creación, cuestionó cuáles han sido sus resultados concretos en materia de generación de energía, infraestructura eléctrica y beneficios para empresas y familias.
El diputado relacionó este cuestionamiento con la contratación de 3 mil 300 millones de pesos de deuda estatal, cuyo destino etiquetado incluía infraestructura energética, y pidió conocer los resultados y el destino de los recursos.
Morena destaca inversión federal en Querétaro
El coordinador morenista señaló que sería incorrecto afirmar que todo lo realizado en Querétaro durante los últimos años ha sido negativo y reconoció que existen aspectos que funcionan.
Sin embargo, rechazó el discurso de que la Federación mantiene abandonado al estado y presentó cifras sobre recursos e infraestructura federal que, aseguró, benefician directamente a la población queretana.
Entre los datos mencionados está que cerca de 660 mil personas reciben Programas para el Bienestar, con recursos estimados en 13 mil 900 millones de pesos durante 2026.
También destacó que, entre 2022 y 2024, más de 120 mil queretanas y queretanos salieron de la pobreza, relacionando este resultado con el incremento del salario mínimo y la política de programas sociales.
Tren México-Querétaro y obras carreteras
García Pérez puso como ejemplo de inversión federal el Tren México-Querétaro, proyecto que contempla una inversión de 144 mil millones de pesos para aproximadamente 226 kilómetros de vía.
De acuerdo con el legislador, la obra permitirá integrar a Querétaro a una nueva red ferroviaria nacional, con futuras conexiones hacia Guadalajara y Nuevo Laredo.
También destacó que durante 2026 la inversión federal en carreteras supera los mil 500 millones de pesos, incluyendo trabajos en la carretera federal 120, con impacto en municipios de la Sierra.
En materia energética, mencionó la construcción de la Central de Ciclo Combinado El Sauz II, en Pedro Escobedo, con una inversión de 291 millones de dólares, como parte de los proyectos federales para fortalecer el suministro eléctrico.
“Un Querétaro de contrastes”
Al concluir su posicionamiento, García Pérez sostuvo que los resultados muestran un Querétaro de contrastes: un estado capaz de atraer inversiones y generar crecimiento económico, pero donde todavía existen comunidades que enfrentan problemas para acceder al agua, servicios públicos y apoyos sociales.
El diputado también cuestionó que se atribuyan los avances del estado exclusivamente a la administración estatal y pidió reconocer la participación de los gobiernos federal y municipales en el desarrollo de Querétaro.
Su conclusión fue que, después de cinco años, la evaluación del gobierno debe realizarse a partir de los resultados concretos y las condiciones de vida de la población, más allá de la propaganda o del posicionamiento político.
