La iniciativa presentada por el diputado morenista Homero Barrera plantea crear Comités Ciudadanos para dar seguimiento a obras financiadas con recursos públicos, aunque sin facultades para detener trabajos, modificar contratos o imponer sanciones.
El diputado de Morena, Homero Barrera Mcdonald, presentó una iniciativa para incorporar la figura de la Contraloría Social en la obra pública de Querétaro, con la que busca dar a la ciudadanía un papel más activo en la vigilancia de los proyectos realizados con recursos públicos.
La propuesta plantea reformar la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, con el objetivo de establecer mecanismos para que habitantes y usuarios de las obras puedan conocer su información, observar su avance y reportar posibles irregularidades.
De acuerdo con el legislador, los ciudadanos podrían integrarse de manera voluntaria y honorífica en Comités Ciudadanos de Contraloría Social, principalmente en las comunidades o zonas beneficiadas por las obras.
Entre sus atribuciones estaría acceder a información pública sobre los proyectos, como el monto contratado, plazo de ejecución, metas, avances físicos y financieros, modificaciones y fecha prevista de conclusión.
También podrían realizar visitas de observación presencial, elaborar reportes e informes sobre el desarrollo de las obras y participar como observadores en los procesos de terminación y entrega-recepción.
Sin facultades para detener obras
La iniciativa establece límites para evitar que estos comités sustituyan las funciones de las autoridades responsables de supervisar y fiscalizar las obras.
Los ciudadanos no podrían ordenar la suspensión de trabajos, modificar proyectos o contratos, autorizar o rechazar estimaciones, ordenar pagos, imponer sanciones ni asumir las funciones de residentes de obra, supervisores o auditores.
Barrera Mcdonald sostuvo que la Contraloría Social tendría un carácter preventivo y complementario, por lo que no sustituiría a instituciones como la Secretaría de la Contraloría, los Órganos Internos de Control o la Entidad Superior de Fiscalización del Estado.
La propuesta también contempla que los comités actúen bajo principios de imparcialidad, independencia y neutralidad, y establece que sus actividades deberán mantenerse alejadas de partidos políticos o fines electorales.
Buscan vigilancia ciudadana desde el territorio
El diputado argumentó que actualmente existen mecanismos de supervisión institucional, pero consideró necesario fortalecer la vigilancia directa de quienes viven o utilizan diariamente la infraestructura pública.
Carreteras, escuelas, centros de salud, vialidades y obras hidráulicas, señaló, representan inversiones realizadas con recursos públicos y tienen un impacto directo en las comunidades.
Por ello, planteó que quienes utilizan cotidianamente estas obras puedan conocer cómo se ejecutan y reportar oportunamente posibles retrasos o deficiencias.
“La ciudadanía tiene el derecho legítimo de conocer y vigilar cómo, en qué y dónde se gasta cada peso”, sostuvo el legislador.
La iniciativa señala además que la creación de los comités no tendría impacto presupuestal, debido a que no contempla nuevas plazas, dependencias ni estructuras burocráticas. Su operación se realizaría con los recursos humanos, materiales y presupuestales existentes en las administraciones públicas estatal y municipal.
Una figura que ya existe a nivel federal
Barrera Mcdonald afirmó que la Contraloría Social no sería una figura nueva, pues ya cuenta con reconocimiento en el ámbito federal a través de la Ley General de Desarrollo Social.
También citó como referencias los modelos implementados en entidades como Guanajuato, Estado de México y Oaxaca.
El planteamiento ahora deberá seguir el proceso legislativo correspondiente para su análisis y, en su caso, discusión en comisiones y posterior votación en el Congreso de Querétaro.
La propuesta busca que la participación ciudadana no se limite a conocer información publicada por las autoridades, sino que pueda trasladarse directamente al territorio donde se ejecutan las obras.
“Queremos ciudadanos que puedan conocerlas, vigilarlas y exigir que se cumplan”, afirmó el diputado.
