La presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar la legalidad de la entrega de 1,415 hectáreas en Santa Rosa Jáuregui. El caso involucra a particulares, autoridades agrarias y un proceso que se remonta a 2007, durante un gobierno panista.
El caso de Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, llegó hasta Palacio Nacional.
Durante la Mañanera del Pueblo, un periodista cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la concentración de tierras ejidales en la zona y expuso el caso de 1,415 hectáreas que habrían terminado en manos de un particular.
La pregunta fue directa: ¿qué se está haciendo para evitar que empresarios o políticos puedan concentrar grandes extensiones de tierra mediante la compra de terrenos ejidales?
Sheinbaum respondió que el caso debe revisarse antes de determinar si existieron irregularidades y anunció que la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega, será invitada a una próxima Mañanera para explicar cómo se desarrolló el proceso.
La presidenta recordó además que la reforma constitucional de 1992 abrió la posibilidad de incorporar determinadas tierras ejidales al régimen de propiedad privada, por lo que consideró necesario revisar cómo se llevaron a cabo estos procedimientos y si se apegaron a la ley.
Una operación que comenzó en 2007
De acuerdo con una investigación publicada por Luces del Siglo, el 17 de enero de 2007 se realizó una Asamblea General de Ejidatarios en Santa Rosa Jáuregui en la que se habrían asignado las 1,415 hectáreas a Jorge Tomás Flores Cacho, quien, según el reportaje, no pertenecía al núcleo ejidal.
La investigación señala que posteriormente se celebraron contratos mediante los cuales la superficie quedó vinculada a Jorge Antonio González Nieto, Alejandro González Nieto, Beatriz González Nieto, Rosalía Fuentes Silva y Luis Gabriel Anaya Muñoz.
El caso llegó posteriormente a tribunales y, según el mismo reportaje, hubo resoluciones relacionadas con la negativa a expedir los títulos sobre los terrenos.
El RAN y los títulos
La investigación también cuestiona actuaciones posteriores del Registro Agrario Nacional (RAN).
Según la publicación, el entonces delegado del RAN en Querétaro, Marco Antonio Abarca Salvatore, remitió en diciembre de 2025 títulos de propiedad a la Dirección de Catastro estatal, pese a que existían resoluciones y medidas cautelares relacionadas con el litigio.
En el proceso también aparece el nombre de María Antonieta Villegas López, magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 42, por actuaciones relacionadas con el expediente.
Estos señalamientos corresponden a la investigación periodística y no constituyen por sí mismos una determinación oficial de responsabilidad.
El dato que pone al PAN bajo la lupa
La historia señalada en la investigación comenzó en 2007, durante el gobierno del panista Francisco Garrido Patrón.
Las distintas etapas del caso atravesaron posteriormente otros gobiernos estatales, entre ellos los de Francisco Domínguez Servién y Mauricio Kuri González, también emanados del PAN, además del gobierno priista de José Eduardo Calzada Rovirosa.
La investigación periodística sostiene además que algunos actores relacionados con operaciones inmobiliarias en Querétaro han tenido vínculos con grupos políticos del PAN y del PRI.
Esto último corresponde a los señalamientos publicados por Luces del Siglo y no implica que exista una resolución oficial que atribuya al PAN como partido la propiedad o responsabilidad sobre las 1,415 hectáreas.
Lo que sí queda registrado es una cronología que atraviesa casi dos décadas de gobiernos y decisiones sobre el territorio queretano.
Santa Rosa y la disputa por su futuro
El caso de las tierras ocurre además en medio de la discusión sobre el futuro de Santa Rosa Jáuregui, donde también se ha planteado la posibilidad de impulsar su municipalización.
El debate sobre su crecimiento urbano y administrativo suma otro elemento a la discusión sobre quién toma las decisiones sobre el territorio y cómo se desarrolla una de las zonas con mayor transformación de Querétaro.
Ahora toca revisar la legalidad
La Procuraduría Agraria, recordó Sheinbaum, ha dado seguimiento a los procesos de venta de tierras ejidales para prevenir irregularidades y evitar la concentración de grandes extensiones.
Ahora será Sedatu la que deberá explicar qué ocurrió con las 1,415 hectáreas de Santa Rosa Jáuregui.
Quedan varias preguntas:
¿Cómo fueron asignadas originalmente las 1,415 hectáreas?
¿Por qué terminaron vinculadas a particulares?
¿Qué ocurrió con los contratos celebrados posteriormente?
¿Qué resolvieron exactamente los tribunales?
¿Por qué se emitieron los títulos señalados en la investigación?
Y, sobre todo:
¿Quién se quedó con 1,415 hectáreas de Santa Rosa Jáuregui?
La respuesta oficial todavía está pendiente.
Lo que ya ocurrió es que un caso que se remonta a 2007, durante un gobierno panista, llegó hasta la Mañanera del Pueblo y ahora será revisado por el Gobierno federal.
Y mientras Sedatu prepara la explicación, Santa Rosa Jáuregui continúa en el centro de una discusión que va más allá de la tierra: su territorio, su crecimiento y quién tendrá capacidad de decidir sobre su futuro.
