Carlos N fue vinculado a proceso bajo libertad condicional por delitos relacionados con la seguridad y el orden en el desarrollo urbano; la investigación señala la comercialización de terrenos en 485 hectáreas del ejido El Zapote.
Un hombre identificado como Carlos N, quien se ostentaba como desarrollador inmobiliario, fue llevado ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro luego de ser señalado por la presunta comercialización de lotes para el proyecto Tierra Noble Juriquilla, al norte de la capital queretana.
De acuerdo con la investigación ministerial, el proyecto habría utilizado un área de aproximadamente 485 hectáreas pertenecientes al ejido El Zapote y comenzó a ser ofertado al público mediante redes sociales y agentes de ventas, pese a que no contaba con los permisos correspondientes para su comercialización.
Ofertaban terrenos en preventa
Según la investigación, los terrenos fueron promocionados mediante un esquema de preventa y modelo fraccional, con opciones destinadas a usos habitacionales, comerciales y de servicios.
La Fiscalía señala que algunas personas interesadas llegaron a iniciar trámites para adquirir los lotes y realizaron pagos por concepto de enganches y mensualidades.
Durante las primeras diligencias, las autoridades buscaron determinar la situación jurídica de los terrenos y verificar si el proyecto contaba con las autorizaciones necesarias por parte del Municipio de Querétaro y otras autoridades competentes.
Compradores aportaron pruebas
Como parte de la investigación, agentes de la Fiscalía entrevistaron a personas que habían iniciado procesos para adquirir terrenos.
Tras conocer la situación legal del proyecto, algunas de ellas presentaron querellas, además de entregar documentación relacionada con los pagos efectuados.
Estos elementos fueron incorporados a la carpeta de investigación junto con documentos obtenidos de las autoridades responsables de revisar y autorizar proyectos inmobiliarios.
Carlos N fue vinculado a proceso
Con los elementos recabados, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Carlos N, quien posteriormente fue presentado ante un juez en audiencia inicial.
La audiencia fue suspendida debido a que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional. Una vez reanudada, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso, aunque continuará su proceso en libertad y bajo medidas cautelares.
El juez estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía podrá continuar recabando pruebas antes de que se determine la situación jurídica definitiva del acusado.
El caso está relacionado con delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano.
La investigación continúa abierta, por lo que la vinculación a proceso no implica una sentencia ni determina por sí misma la responsabilidad penal del imputado.
