La Cámara de Diputados aprobó cambios a los artículos 82, 116 y 122 constitucionales; el proyecto ahora será analizado por el Senado.
La reforma constitucional que busca establecer la nacionalidad mexicana única como requisito para ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México avanzó en la Cámara de Diputados y fue turnada al Senado para continuar su proceso legislativo.
El proyecto, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quienes aspiren a estos cargos no podrán tener ni adquirir otra nacionalidad.
En caso de contar con una segunda nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos, de acuerdo con los términos que posteriormente establezca la legislación correspondiente.
Diputados avalan la reforma
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en lo general con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención. Posteriormente, en lo particular, el proyecto fue aprobado con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención.
Con la aprobación en San Lázaro, el proyecto fue remitido a la Cámara de Senadores, donde deberá ser analizado y, en su caso, aprobado para continuar con el procedimiento de reforma constitucional. N+
¿Qué cambiaría?
La propuesta establece que una persona mexicana por nacimiento que tenga otra nacionalidad podrá aspirar a alguno de estos cargos si renuncia previamente a la nacionalidad extranjera.
Además, el texto aprobado por Diputados plantea que quien ejerza la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad, ni utilizar documentos de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos derivados de otra ciudadanía o solicitar protección diplomática de otro Estado.
La iniciativa no elimina la posibilidad de que los mexicanos tengan doble nacionalidad en términos generales. La restricción propuesta se concentra en quienes busquen ocupar los cargos de los poderes ejecutivos federal y estatales, además de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. N+
El Senado tendrá la última palabra en esta etapa
La propuesta todavía no es una reforma vigente. Al tratarse de una modificación constitucional, después de su aprobación en ambas cámaras deberá continuar con el procedimiento establecido para este tipo de reformas.
El dictamen aprobado por Diputados plantea que, si finalmente se publica, las nuevas disposiciones sean aplicables a partir del proceso electoral correspondiente a 2028. También establece que quienes ya estén ejerciendo alguno de los cargos contemplados al momento de entrada en vigor no quedarían sujetos a la nueva disposición durante su mandato.
El Congreso tendría además un plazo de 90 días naturales después de la entrada en vigor para realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley de Nacionalidad y a la legislación electoral.
El siguiente paso será el análisis de la minuta en el Senado, donde continuará el debate sobre los nuevos requisitos de nacionalidad para quienes aspiren a encabezar los poderes ejecutivos federal y estatales.
