La Comisión de Participación Ciudadana de la LXI Legislatura de Querétaro aprobó, con dos votos a favor y uno en contra, el proyecto de dictamen de la iniciativa de Ley de Revocación de Mandato del Estado de Querétaro.
La sesión fue encabezada por el diputado Arturo Maximiliano García Pérez, con la participación de Luis Gerardo Ángeles Herrera y Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz. También estuvieron presentes las diputadas Claudia Díaz Gayou y Teresita Calzada Rovirosa.
Gerardo Ángeles cuestiona el contenido del dictamen
Antes de la votación, el diputado Luis Gerardo Ángeles Herrera manifestó su voto en contra y planteó diversas dudas jurídicas y presupuestales sobre la propuesta.
El legislador sostuvo que una legislación que podría permitir la conclusión anticipada del mandato de quien ocupe la gubernatura estatal requiere una revisión constitucional y jurídica exhaustiva.
Entre sus principales cuestionamientos señaló que el proyecto remite algunos aspectos a la Ley Electoral y a la Ley de Medios de Impugnación, pese a que ambas tendrían que ser armonizadas posteriormente, de acuerdo con uno de los artículos transitorios.
Ángeles Herrera también puso sobre la mesa el costo que tendría implementar el mecanismo. Explicó que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro tendría que realizar tareas como la verificación de firmas, ejercicios muestrales, capacitación, impresión de papeletas, instalación de casillas, sistemas de resultados y mecanismos para la participación de queretanos residentes en el extranjero.
A su consideración, el proyecto no presenta una estimación presupuestal suficiente y deja en los transitorios la responsabilidad de realizar los ajustes necesarios con los recursos disponibles y subsecuentes.
Otro de sus señalamientos estuvo relacionado con el inicio del procedimiento. El diputado cuestionó que una sola persona pueda presentar la solicitud inicial y que ésta tenga efectos para interrumpir el plazo correspondiente, antes de que se alcance el porcentaje de respaldo ciudadano requerido constitucionalmente.
Por ello, pidió que antes de continuar con el proceso legislativo se incorporen mayores elementos jurídicos y técnicos, así como las aportaciones que pueda realizar el Instituto Electoral del Estado.
Arturo Maximiliano defiende la propuesta
En respuesta, el presidente de la comisión, Arturo Maximiliano García Pérez, señaló que la iniciativa tiene como antecedente una propuesta presentada desde el 20 de diciembre de 2019, después de la reforma constitucional que estableció la obligación de las legislaturas estatales de desarrollar este mecanismo.
El diputado argumentó que la legislación busca reglamentar un derecho ciudadano ya reconocido en la Constitución y aclaró que la revocación de mandato contemplada en la iniciativa no tendría efectos sobre el proceso electoral de 2026-2027.
De acuerdo con su explicación, el mecanismo podría solicitarse hasta 2031, una vez transcurridos los primeros tres años del periodo de quien ocupe la gubernatura y dentro del plazo establecido para presentar la solicitud.
García Pérez explicó también que la participación de una persona como solicitante inicial no significa que automáticamente se active una revocación de mandato. Para que el proceso avance, tendría que reunirse el respaldo ciudadano correspondiente.
El proyecto establece como requisito alcanzar el 10% de las personas inscritas en la lista nominal, con las condiciones de distribución territorial previstas, mientras que para que el resultado sea vinculante se contempla una participación mínima del 40%.
El legislador sostuvo que la propuesta tomó en consideración criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente a partir de controversias relacionadas con legislaciones de otras entidades.
El dictamen seguirá su ruta legislativa
Durante la discusión, García Pérez rechazó que la iniciativa tenga como objetivo beneficiar o afectar a alguna fuerza política o persona en particular y señaló que el mecanismo podría utilizarse hasta 2031, independientemente de quién ocupe la gubernatura en ese momento.
Tras su aprobación en comisión, el proyecto deberá continuar con el procedimiento legislativo correspondiente y, en su caso, ser discutido por el Pleno de la LXI Legislatura.
El debate dejó sobre la mesa dos posiciones: por un lado, la necesidad de contar con una regulación para hacer efectivo el derecho constitucional a la revocación de mandato; y por otro, los cuestionamientos sobre su diseño jurídico, presupuestal y operativo antes de que llegue a su etapa definitiva.
