Morena pedirá que la Ley de Identidad de Género se revise en comisiones unidas

La bancada busca que dos comisiones del Congreso de Querétaro revisen las nuevas observaciones del Ejecutivo. Activistas y representantes de la diversidad sexual cuestionaron las demoras y exigieron avanzar en el reconocimiento legal de la identidad de género.

La discusión por la Ley de Identidad de Género volvió al centro de la agenda legislativa de Querétaro. El Grupo Legislativo de Morena anunció que solicitará a la Mesa Directiva que las nuevas observaciones del Poder Ejecutivo sean analizadas en comisiones unidas, con el propósito de revisar el dictamen y dar continuidad al procedimiento.

Durante una conferencia de prensa encabezada por el coordinador de la bancada, Arturo Maximiliano García Pérez, los legisladores sostuvieron que el proyecto alternativo ya había incorporado observaciones anteriores del Ejecutivo. Sin embargo, el documento fue devuelto nuevamente y turnado a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

La propuesta presentada por el diputado Eric Silva Hernández consiste en reunir a esta comisión y a la de Seguimiento de la Agenda 2030, que participaron en la elaboración de los dos dictámenes. El objetivo, explicó, sería revisar conjuntamente los señalamientos y resolver los aspectos de redacción y estilo.

Silva afirmó que, desde su perspectiva, las nuevas observaciones no justifican detener el avance de la iniciativa. La diputada Andrea Tovar Saavedra respaldó la solicitud y anunció que impulsará el planteamiento desde la Mesa Directiva.

Morena cuestiona el procedimiento legislativo

El coordinador Arturo Maximiliano García Pérez señaló que el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo contempla la presentación de proyectos alternativos. Sostuvo que el segundo dictamen ya había considerado las observaciones anteriores y cuestionó que el Ejecutivo volviera a devolverlo.

Por su parte, Homero Barrera McDonald criticó la devolución del documento y defendió la autonomía del Congreso frente al Poder Ejecutivo. El legislador consideró que el procedimiento debe dar certeza sobre el contenido aprobado y sobre las razones por las que se formularon nuevas observaciones.

Estas posturas corresponden a los legisladores de Morena. La solicitud de comisiones unidas aún requiere una decisión de los órganos legislativos y no significa que la iniciativa haya sido aprobada nuevamente ni que la ley esté vigente.

Santiago Nieto plantea una alternativa jurídica

Santiago Nieto Castillo, coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Querétaro y asesor en materia jurídica y legislativa, sostuvo que Morena evalúa alternativas jurídicas para dar seguimiento a la reforma y lograr que entre en vigor.

Nieto cuestionó que Querétaro continúe sin reconocer plenamente este derecho y afirmó que la iniciativa busca garantizar que las personas puedan decidir cómo debe reconocerse su identidad en los trámites administrativos.

“Es increíble que sigamos siendo una isla conservadora en medio de un país progresista y liberal”, expresó.

Su postura se suma a la exigencia de Morena para que el Congreso continúe el procedimiento legislativo y revise las observaciones del Ejecutivo, mientras la reforma permanece pendiente de resolución.

Activistas cuestionan las demoras y exigen el reconocimiento del derecho a la identidad

En la conferencia también participaron Walter López, María José González y Mauricio Olivares, quienes plantearon cuestionamientos desde sus respectivas perspectivas sobre las consecuencias de mantener detenida la reforma.

Walter López, vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, ha cuestionado públicamente la devolución del dictamen y la falta de claridad sobre cuándo ingresaron oficialmente las observaciones al Congreso. En su intervención, criticó que aspectos como la puntuación, las comas y la ortografía se utilicen para formular objeciones. Su postura también se ha centrado en exigir transparencia sobre el procedimiento y sus plazos.

María José González, activista trans, reclamó el reconocimiento del derecho a la identidad y la publicación de la reforma. En intervenciones públicas relacionadas con el proceso, ha exigido que se esclarezca la recepción de las observaciones y que el trámite legislativo no siga prolongándose. La discusión, desde su perspectiva, afecta directamente a las personas que necesitan que sus documentos oficiales correspondan con su identidad.

Mauricio Olivares, investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, advirtió sobre las consecuencias prácticas de mantener las barreras para acceder al reconocimiento legal. Entre los efectos que señaló se encuentran la necesidad de realizar más trámites, recurrir a juicios de amparo y asumir gastos adicionales.

Las tres intervenciones apuntan a aspectos distintos de una misma controversia: la transparencia del procedimiento legislativo, el reconocimiento de los derechos de las personas trans y no binarias, y las consecuencias administrativas y económicas de no contar con una vía accesible para modificar los documentos oficiales.

En la conferencia también estuvo presente Claudia Díaz Gayou, diputada de Morena, quien hizo un llamado a colectivos y organizaciones sociales a organizarse y manifestarse públicamente para exigir que la iniciativa avance. Su convocatoria debe distinguirse de las posturas expresadas por las personas activistas.

¿Qué sigue para la iniciativa?

El expediente permanece en la ruta legislativa después de las nuevas observaciones del Ejecutivo. La Mesa Directiva deberá determinar si procede la solicitud de trabajar en comisiones unidas y qué trámite se dará al documento.

Mientras Morena sostiene que el proyecto puede avanzar mediante ajustes formales, las voces de la sociedad civil han puesto el acento en la necesidad de esclarecer el procedimiento y evitar que las demoras prolonguen las dificultades que enfrentan las personas trans y no binarias para obtener documentos acordes con su identidad.

Por ahora, la iniciativa no es ley vigente. El siguiente paso dependerá de las decisiones que adopte el Congreso y de cómo se resuelvan las observaciones que mantienen abierto el conflicto entre los poderes estatales.