El diputado señaló que habitantes de Tlacote el Bajo, Mompaní, El Salitre y Santa Rosa Jáuregui enfrentan deudas que, según sus testimonios, crecieron por encima de las cantidades que recibieron, además de amenazas y posibles embargos.
QUERÉTARO, Qro.- Habitantes de distintas comunidades de la capital queretana denunciaron presuntas prácticas abusivas de personas y empresas que ofrecen préstamos bajo la apariencia de financieras. De acuerdo con los testimonios presentados ante el diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, algunas familias ahora enfrentan deudas que consideran impagables, amenazas e incluso el riesgo de perder sus bienes.
El legislador informó que las personas afectadas provienen de zonas como Tlacote el Bajo, Mompaní, El Salitre y Santa Rosa Jáuregui. Según lo expuesto por los vecinos, uno de los mecanismos utilizados consiste en solicitar la firma de pagarés en blanco, que posteriormente serían empleados para reclamar cantidades superiores a las originalmente prestadas.
Estas prácticas, de comprobarse, podrían colocar a las familias en una situación de vulnerabilidad económica y jurídica, especialmente cuando no cuentan con recursos para contratar representación legal ante procedimientos mercantiles.
Piedragil sostuvo que el objetivo de las gestiones no es justificar el incumplimiento de las deudas, sino garantizar que cualquier reclamación se realice mediante procedimientos legales y sin amenazas ni abusos. Señaló que una obligación de pago no debe convertirse en un mecanismo para despojar a las personas de su patrimonio mediante prácticas irregulares.
El diputado indicó que su equipo ha dado seguimiento a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado y ha realizado gestiones ante juzgados civiles y otras autoridades judiciales para acompañar a las familias que enfrentan estos procedimientos.
También reconoció la disposición del fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández, para recibir las denuncias y asignar personal para su atención. Sin embargo, afirmó que las gestiones para obtener asesoría jurídica gratuita no han recibido la misma respuesta por parte de otras instituciones.
Ante este panorama, Piedragil pidió a las autoridades estatales y judiciales establecer mecanismos efectivos de orientación, canalización y asistencia legal sin costo para las personas que no pueden pagar un abogado. Advirtió que la falta de recursos económicos puede dificultar la defensa de los derechos de las familias ante una demanda mercantil o un posible embargo.
Durante el encuentro, personas afectadas compartieron sus experiencias y describieron cómo préstamos solicitados en momentos de necesidad terminaron, según sus relatos, en deudas difíciles de cubrir y en presiones para entregar sus pertenencias.
Finalmente, el legislador llamó a la ciudadanía a revisar cuidadosamente las condiciones de cualquier préstamo, verificar la identidad y legalidad de quien lo ofrece y evitar firmar documentos en blanco. Los señalamientos sobre las financieras y las condiciones de los créditos deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.
