El senador por Partido Acción Nacional, Agustín Dorantes Lámbarri, advirtió que la Reforma Electoral promovida desde el Gobierno de México podría provocar una mayor concentración de poder y debilitar los contrapesos institucionales, lo que —señaló— también podría generar incertidumbre económica en el país.
Durante una conferencia de prensa, el legislador informó que su grupo parlamentario votará en contra de la iniciativa, al considerar que la propuesta podría afectar la representación plural dentro del Congreso.
El senador estuvo acompañado por la constitucionalista Natalia Torres Salim y por la presidenta de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas de Querétaro, Mayela Portos Hernández, con quienes analizó el alcance de la propuesta legislativa.
Dorantes Lámbarri cuestionó el origen de la iniciativa al señalar que fue impulsada desde el poder federal, lo que —dijo— podría tener como objetivo centralizar la toma de decisiones políticas.
El legislador explicó que el proyecto contempla modificaciones a 11 artículos de la Constitución, incluyendo cambios en la integración del Poder Legislativo. Aunque se mantendrían los 200 diputados de representación proporcional, advirtió que el nuevo esquema podría favorecer a las fuerzas políticas mayoritarias.
Además, señaló que la iniciativa plantea eliminar los 32 senadores de representación proporcional, lo que, a su juicio, reduciría la presencia de partidos minoritarios en el Senado.
El senador afirmó que cualquier escenario que genere incertidumbre institucional puede impactar en la economía, ya que podría desalentar la inversión y afectar directamente a las familias mexicanas.
Por su parte, la especialista en derecho constitucional Natalia Torres Salim consideró que México sí necesita una actualización de su sistema electoral; sin embargo, subrayó que cualquier reforma debe garantizar condiciones equitativas para todas las fuerzas políticas.
En su opinión, la discusión debe centrarse en determinar si las modificaciones fortalecerán la competencia democrática o si terminarán debilitando a los partidos con menor representación.
A su vez, Mayela Portos Hernández señaló que el análisis de la iniciativa debe realizarse desde una perspectiva técnica y no exclusivamente política, considerando aspectos como la certeza jurídica, la pluralidad democrática y la confianza ciudadana en las instituciones.
Durante el encuentro también se mencionó la necesidad de incluir medidas más claras para prevenir la posible intervención del crimen organizado en los procesos electorales.
En ese sentido, Torres Salim señaló que cualquier reforma debería contemplar sanciones efectivas para partidos, candidatos o actores políticos que mantengan vínculos con grupos criminales, con el objetivo de evitar la infiltración de recursos ilícitos en las campañas.
Los participantes coincidieron en que el debate legislativo debe enfocarse en fortalecer la representación democrática, garantizar equidad en la contienda electoral y establecer mecanismos que protejan la legalidad de los procesos electorales en el país.
