La diputada federal del Partido Acción Nacional, María Lorena García Jimeno Alcocer, expresó críticas hacia la propuesta de Reforma Electoral al considerar que la iniciativa no atiende uno de los principales problemas del sistema político actual: el financiamiento ilícito en los procesos electorales.
En entrevista, la legisladora señaló que el crimen organizado ya ha logrado influir en distintos espacios de representación política y advirtió que la propuesta de reforma no contempla sanciones claras para candidatos o partidos que utilicen recursos de procedencia ilegal. Tampoco —dijo— plantea retirar el registro a institutos políticos vinculados con actividades delictivas.
García Jimeno Alcocer afirmó que, mientras no se atienda ese problema, otros cambios planteados en la iniciativa resultan secundarios. En ese sentido, señaló que la ciudadanía tiene otras prioridades más urgentes, como el acceso a medicamentos, el fortalecimiento de la educación y los apoyos sociales que impactan directamente en la vida cotidiana.
Respecto a la figura de los legisladores de representación proporcional, explicó que aunque su partido podría verse beneficiado al ser una de las principales fuerzas políticas, la preocupación central radica en los cambios que afectarían al árbitro electoral.
En particular, advirtió que la propuesta contempla la reducción de los órganos estatales del Instituto Nacional Electoral, lo que —a su juicio— debilitaría la estructura institucional encargada de organizar y vigilar las elecciones.
Asimismo, señaló que la reforma podría limitar la participación de fuerzas políticas pequeñas al reducir recursos y condiciones de competencia, lo que eventualmente podría concentrar el sistema político en un menor número de partidos.
En relación con los partidos aliados de la llamada Cuarta Transformación, la legisladora opinó que, si institutos como el Partido Verde Ecologista de México o el Partido del Trabajo decidieran no respaldar la iniciativa, lo harían para proteger sus propios intereses políticos ante los posibles efectos de la reforma.
La diputada también subrayó la importancia de la participación ciudadana para fortalecer la democracia y mejorar las condiciones de vida en el país. Como ejemplo, mencionó el caso de Querétaro, al señalar que sus indicadores de desarrollo se encuentran por encima de los observados en otras entidades.
En cuanto a su trabajo legislativo, informó que ha presentado más de 30 iniciativas, entre ellas una propuesta para elevar el derecho a la conectividad a internet a rango constitucional.
La legisladora explicó que, aunque existen proyectos para ampliar el acceso a internet en el país, es necesario establecer este derecho en la Constitución para garantizar que todos los mexicanos puedan acceder a la conectividad digital.
De acuerdo con sus estimaciones, si la iniciativa se aprueba y se asignan los recursos presupuestales necesarios, la cobertura total de internet en el país podría alcanzarse en un plazo aproximado de dos a tres años.
