Integrantes del Frente Nacional por la Familia en Querétaro, junto con diversas organizaciones civiles, expresaron su postura crítica ante la reciente reforma al Código Civil en materia de identidad de género, al considerar que implica cambios de fondo en el marco jurídico y solicitar que sea regresada a comisiones para un nuevo análisis.
Durante el posicionamiento, Patricia Dorantes señaló que su postura no busca vulnerar la dignidad de las personas, sino promover que las leyes se construyan con claridad y responsabilidad. En ese sentido, las organizaciones insistieron en la necesidad de revisar a fondo el alcance de la reforma.
Por su parte, Mercedes Pisuto de Marván explicó que la modificación permite el cambio de nombre y sexo legal con base en la autopercepción, lo que —desde su perspectiva— trasciende un trámite administrativo y representa un cambio estructural en el sistema jurídico de identidad.
Otros participantes advirtieron posibles vacíos legales. Wanda Franco señaló que no se establecen con precisión los efectos en ámbitos como matrimonio, herencias o contratos, lo que podría derivar en interpretaciones contradictorias y conflictos legales.
Desde el ámbito psicológico, se plantearon preocupaciones sobre el impacto en menores de edad, al considerar que la ausencia de requisitos médicos o evaluaciones especializadas podría generar decisiones sin el acompañamiento adecuado.
Asimismo, se mencionaron posibles implicaciones en espacios diferenciados y la falta de mecanismos para proteger la objeción de conciencia en sectores como el educativo y de salud.
Las organizaciones también señalaron que la reforma podría generar incertidumbre jurídica y reiteraron la importancia de establecer reglas claras que garanticen certeza legal.
Finalmente, hicieron un llamado al Poder Ejecutivo para que revise el contenido de la reforma y consideraron que debe ser devuelta a comisiones para un análisis más amplio que contemple sus efectos sociales y jurídicos.
