El auditor superior del estado de Querétaro, Francisco Javier Covarrubias Enríquez, aseguró que la relación entre la Entidad Superior de Fiscalización del Estado y el Congreso local atraviesa un momento de revisión institucional, aunque descartó cualquier ruptura entre ambas instancias.
Luego de los cuestionamientos surgidos desde el Poder Legislativo sobre los procesos de revisión y manejo de información, el auditor rechazó que exista opacidad o control indebido de expedientes por parte de la ESFE.
“Definitivamente no hay ningún secuestro de información, no hay ningún incumplimiento al marco a la Constitución y a la ley”, declaró.
Covarrubias Enríquez explicó que las actuaciones del órgano fiscalizador están delimitadas por la Constitución, la Ley de Fiscalización y la Ley Orgánica del Congreso local, marco jurídico que, aseguró, debe seguirse de manera obligatoria.
“Yo tengo que transitar sí o sí, no tengo opción para no transitar por ahí, por una carretera pavimentada que se llama Constitución, Ley de Fiscalización y Ley Orgánica del Congreso”, expresó.
El auditor reconoció que el marco legal vigente limita la comunicación entre la ESFE y el Congreso, por lo que consideró viable impulsar reformas normativas para fortalecer la coordinación institucional y mejorar los mecanismos de fiscalización en la entidad.
Asimismo, manifestó disposición para participar en mesas de análisis y discusión sobre posibles modificaciones legales relacionadas con los procesos de auditoría y rendición de cuentas.
Sobre las versiones de un supuesto distanciamiento con la Legislatura local, Covarrubias Enríquez aseguró que únicamente ha recibido un oficio y una llamada telefónica por parte del Congreso. “De ninguna manera está rota”, sostuvo al referirse a la relación institucional.
En otro tema, el auditor confirmó que continúan las investigaciones relacionadas con observaciones detectadas en la cuenta pública de Tequisquiapan, donde se identificaron irregularidades vinculadas con la falta de documentación para comprobar pagos y servicios contratados.
“Si no encontramos por ningún lado qué es lo que se pagó, va tomando una forma de presunto desvío de recursos”, advirtió.
Precisó que las investigaciones no solamente involucran a servidores públicos, sino también a proveedores relacionados con contratos observados durante las auditorías.
Finalmente, informó que actualmente existen siete expedientes correspondientes a la cuenta pública 2023 con investigaciones avanzadas, además de aproximadamente 40 expedientes derivados de la revisión de 2024 que permanecen en análisis.
