La diputada local del Partido del Trabajo, Claudia Díaz Gayou, criticó el mecanismo utilizado para designar a la próxima persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y aseguró que el procedimiento fue diseñado “a modo” tras las reformas aprobadas por la pasada Legislatura.
La legisladora sostuvo que la discusión principal no debería centrarse únicamente en los perfiles incluidos dentro de la terna enviada al Congreso, sino en la manera en que se modificó el proceso constitucional para concretar el nombramiento.
Díaz Gayou afirmó que tuvo conocimiento de la integración de la terna a través de medios de comunicación y señaló que, independientemente de la experiencia o trayectoria profesional de las personas propuestas, el problema de fondo radica en que ahora el Poder Ejecutivo tiene control sobre el arranque del procedimiento.
La diputada recordó que semanas antes de iniciar funciones la actual Legislatura se aprobaron cambios constitucionales para que el gobernador enviara directamente una terna al Congreso local, situación que, dijo, altera el espíritu original de la Fiscalía Anticorrupción.
En ese sentido, cuestionó que una institución encargada de investigar posibles actos de corrupción de servidores públicos dependa desde su origen de una propuesta impulsada por el Ejecutivo estatal.
La legisladora consideró que con esta reforma el Congreso perdió margen de decisión y autonomía dentro del proceso, al señalar que anteriormente el nombramiento recaía completamente en la soberanía legislativa.
También recordó que la ley establece un plazo de 30 días para que el Congreso resuelva la designación; de no alcanzarse acuerdos, el nombramiento quedaría automáticamente en manos del titular del Poder Ejecutivo.
Díaz Gayou sostuvo que este escenario convierte el procedimiento legislativo en un trámite prácticamente obligado y afirmó que las modificaciones legales fueron preparadas desde la Legislatura pasada para favorecer el control político sobre la Fiscalía Anticorrupción.
Finalmente, señaló que desconoce a detalle la trayectoria de los perfiles propuestos, aunque insistió en que el problema central no son los aspirantes, sino el mecanismo institucional bajo el cual será tomada la decisión.
