La decisión del Ayuntamiento de Querétaro de autorizar la subasta de 12 predios municipales encendió la inconformidad de organizaciones ambientalistas, colectivos ciudadanos y especialistas, quienes advirtieron que la medida podría abrir la puerta a una mayor urbanización, la pérdida de áreas verdes y el uso de patrimonio público para atender necesidades financieras del gobierno municipal.
Integrantes de la organización Ambientalistas de Querétaro calificaron como contradictoria la política ambiental de la administración encabezada por el alcalde Felipe Fernando Macías, al señalar que mientras se promueven programas de conservación y protección de la biodiversidad, al mismo tiempo se impulsa la venta de terrenos que, aseguran, podrían convertirse en desarrollos habitacionales o comerciales.
La activista América Vizcaíno cuestionó que el municipio argumente que los predios no cuentan con proyectos para espacios públicos, cuando podrían destinarse a la reforestación y a la creación de nuevas áreas verdes en una ciudad que, dijo, enfrenta un déficit importante de parques y zonas naturales.
“La ciudad tiene un enorme déficit de áreas verdes. En lugar de vender los terrenos, podrían rehabilitarlos para que las familias tengan espacios de convivencia y contacto con la naturaleza”, sostuvo.
La ambientalista también puso en duda que los terrenos no formen parte de las áreas de donación que, por ley, deben entregar los desarrolladores inmobiliarios al municipio para destinarlas a equipamiento urbano, parques y espacios públicos, por lo que pidió transparentar el origen y la situación jurídica de cada uno de los inmuebles.
Además, advirtió que permitir nuevos desarrollos sobre esos predios podría agravar problemas como las inundaciones al reducir las superficies de absorción de agua de lluvia y aumentar las islas de calor que ya afectan a buena parte de la capital queretana.
A estas críticas se sumó el colectivo de movilidad Pedaleanda, cuyos integrantes señalaron que varias de las zonas donde se ubican los terrenos en venta ya presentan una escasez de áreas verdes y espacios recreativos para la población.
En paralelo, ciudadanos, organizaciones sociales y colectivos presentaron una solicitud formal para que el Ayuntamiento convoque a un Cabildo Abierto y someta la decisión a discusión pública antes de concretar la venta de los inmuebles.
Los promoventes argumentan que los 12 predios, ubicados en colonias como Ciudad del Sol, Puertas de San Miguel, Misión de Carrillo II, Santa Rosa Jáuregui, El Salitre, La Purísima y Centro Norte, suman más de 74 mil metros cuadrados de patrimonio municipal, por lo que consideran que la ciudadanía debe participar en una decisión de ese alcance.
En el documento entregado al Ayuntamiento también cuestionan el destino que tendrían los recursos obtenidos con la subasta. Aseguran que existe una diferencia entre las declaraciones públicas del alcalde, quien ha señalado que el dinero será destinado a obra pública, y el contenido del acuerdo aprobado por el Cabildo, donde se establece que los recursos también podrán utilizarse para cubrir presiones financieras relacionadas con gasto corriente, como combustibles, mantenimiento vehicular e inversión pública productiva.
Los ciudadanos advirtieron que vender patrimonio municipal para financiar gastos de la administración representa un tema de interés público que debe debatirse con transparencia y participación social.
Como alternativa, propusieron explorar mecanismos que permitan conservar la propiedad de los terrenos, entre ellos fideicomisos para vivienda social, estrategias de captación de plusvalías, revisión del gasto corriente y esquemas de asociación público-privada que eviten la venta definitiva de los inmuebles.
Asimismo, solicitaron que, en caso de realizarse el Cabildo Abierto, participen especialistas en urbanismo, medio ambiente y derecho urbano para analizar las implicaciones que tendría la enajenación de estos espacios sobre el desarrollo futuro de la capital queretana.
La autorización para subastar los predios fue aprobada por el Ayuntamiento el pasado 22 de mayo y contempla inmuebles localizados en distintos puntos de la ciudad. Mientras el gobierno municipal sostiene que los recursos fortalecerán la inversión pública, organizaciones ciudadanas advierten que la decisión podría significar la pérdida definitiva de espacios que, por su origen y vocación, deberían permanecer al servicio de la comunidad.
