Las declaraciones de la diputada de Movimiento Ciudadano, Teresita Calzada Rovirosa, en torno a la Ley de Identidad de Género generaron una respuesta por parte de colectivos defensores de derechos humanos, luego de que la activista María José González anunciara la presentación de una denuncia en su contra por presuntos actos de discriminación y transfobia.
La controversia surgió después de que la legisladora cuestionara la participación de activistas provenientes de otras entidades en la discusión de la reforma y señalara que quienes llegan a Querétaro deben respetar la idiosincrasia y las costumbres del estado, aun cuando reconoció que todavía no conocía el contenido definitivo del nuevo dictamen que será analizado por el Congreso.
María José González sostuvo que este tipo de expresiones fomentan mensajes de exclusión hacia los colectivos que impulsan la iniciativa y recordó que las y los representantes populares tienen la obligación de legislar para toda la población, sin distinción.
La defensora de derechos humanos confirmó que ya fue presentada una denuncia en contra de la diputada por considerar que sus declaraciones constituyen presuntos actos discriminatorios y de transfobia, además de señalar que el debate público debe desarrollarse con pleno respeto a los derechos de todas las personas.
En relación con la discusión legislativa, la activista afirmó que los derechos humanos no deben estar sujetos a criterios políticos ni a decisiones de mayorías, al señalar que el Estado mexicano tiene obligaciones derivadas de la Constitución y de los tratados internacionales en la materia.
Asimismo, hizo un llamado al Congreso de Querétaro para que la discusión de la Ley de Identidad de Género represente un avance en el reconocimiento de derechos y no un retroceso para los grupos históricamente vulnerables.
Finalmente, adelantó que, independientemente del resultado de la votación del dictamen, los colectivos continuarán utilizando las vías jurídicas disponibles para impulsar el reconocimiento de estos derechos y reiteró que la discusión no debe convertirse en un instrumento de confrontación política, sino centrarse en la garantía de los derechos humanos.
