La bancada de Morena en la LXI Legislatura, junto con las dirigencias estatales de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y la coordinación parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), manifestó su respaldo al dictamen de reforma a la Ley Electoral del Estado de Querétaro al considerar que fortalece la certeza jurídica del proceso electoral de 2027, amplía disposiciones en materia de paridad de género y armoniza la legislación local con criterios emitidos por tribunales electorales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En conferencia de prensa, el coordinador del Grupo Legislativo de Morena, Arturo Maximiliano García Pérez, explicó que la reforma responde a sentencias emitidas por órganos jurisdiccionales y evita que la legislación estatal permanezca en contradicción con la normativa federal.
“Atiende una serie de sentencias que se han dado tanto en tribunales electorales, inclusive en la Suprema Corte de Justicia; de mantenerse como están al momento de hoy, pues serían en contrasentido de estas determinaciones de tribunales, poniendo en riesgo la certeza jurídica del procedimiento”, afirmó.
El legislador destacó que el dictamen incorpora nuevas reglas para fortalecer la participación política de las mujeres, entre ellas la obligación de que, cuando el número de candidaturas sea impar, al menos la mitad corresponda a mujeres, además de impedir que sean postuladas únicamente en municipios o distritos de baja competitividad.
También explicó que los partidos deberán registrar mujeres para encabezar al menos dos de los cinco municipios donde históricamente nunca ha sido electa una presidenta municipal por voto popular.
“La ley vigente hoy establece cero candidaturas exclusivas para postulación de mujeres con obligatoriedad para los partidos en estos cinco municipios; este dictamen establece dos y de cero a dos entendemos es un progreso, es un avance”, sostuvo.
Asimismo, señaló que la reforma fortalece las medidas para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género, incorporando nuevas infracciones, ampliando el alcance del principio conocido como “8 de 8” e incluyendo mecanismos para ordenar el retiro de contenido digital cuando forme parte de una investigación por este tipo de violencia.
“Tratándose de violencia política contra las mujeres en razón de género cometida a través de medios digitales o mediáticos, se podrá ordenar vía electrónica la interrupción, bloqueo o eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación correspondiente”, explicó.
Arturo Maximiliano añadió que el proyecto también busca mantener un equilibrio entre la paridad y el derecho de los partidos políticos a definir sus estrategias electorales.
“Una vez establecida la paridad y establecidos los bloques de competitividad, también debe considerarse el derecho de los partidos políticos a la autoorganización y autodeterminación”, expresó.
Por su parte, el secretario general de Morena en Querétaro, Alejandro Pérez Ibarra, aseguró que el dictamen fue revisado en coordinación con la dirigencia nacional del partido y afirmó que no contraviene los principios del movimiento.
“Este dictamen, una vez que lo revisamos, no violenta, no contraviene nuestros principios, no va en contra de derechos”, señaló.
Agregó que la propuesta representa avances en materia de paridad, lenguaje incluyente y combate a la violencia política.
“Hoy celebramos que tengamos un dictamen de avanzada, un dictamen progresista en el estado de Querétaro para que podamos garantizar una democracia de calidad”, afirmó.
En el mismo sentido, la dirigente estatal del Partido del Trabajo, Valeria Flores, respaldó la reforma y aseguró que mantiene el principio de progresividad de los derechos de las mujeres.
“No podemos permitir un retroceso legal ni constitucional en los derechos actualmente avalados”, declaró.
Morena, PT y PVEM coincidieron en que la reforma permitirá llegar al proceso electoral de 2027 con reglas más claras, mayor certeza jurídica y mecanismos fortalecidos para garantizar la igualdad sustantiva, la paridad de género y la protección de los derechos político-electorales de las mujeres.
