Querétaro, Qro. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, Braulio Guerra Urbiola, informó que la defensa del médico imputado por los presuntos delitos de violación equiparada y abuso sexual promovió un juicio de amparo para impugnar la prisión preventiva que le fue impuesta, por lo que será un juzgado federal el encargado de resolver el recurso.
El magistrado explicó que, una vez presentada la demanda de amparo ante un juzgado de distrito, el proceso deja de estar bajo la competencia del Poder Judicial del Estado en ese aspecto.
“Después de los asuntos presentados se resolvió la prisión preventiva y entiendo que existe un amparo presentado; todo eso ya corresponde a la justicia federal y será la justicia federal la que determine si se mantiene o no la prisión preventiva en el caso del doctor”, señaló.
Guerra Urbiola precisó que el recurso ya fue interpuesto y ahora corresponderá al juez federal decidir si confirma, modifica o revoca la medida cautelar dictada por el juez local.
“Eso ya está presentado ante el Juzgado de Distrito Federal. Nosotros ya no tenemos conocimiento de ese procedimiento. Será el juzgado de distrito quien resuelva si se respeta la decisión del juez, si se revoca o si se modifica”, explicó.
El presidente del Tribunal recordó que la prisión preventiva no se determina únicamente por la gravedad del delito imputado, sino conforme a los criterios establecidos en el sistema de justicia penal y en los estándares de derechos humanos.
“Importa también la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Existen tres razones para imponer la prisión preventiva; no es únicamente la gravedad del caso”, indicó.
Entre los principales criterios, explicó, se encuentra el riesgo de que la persona imputada pueda sustraerse de la acción de la justicia y no comparezca durante el proceso penal.
“Si existe riesgo de sustracción o de que la persona pueda huir y no presentarse al juicio, se justifica la prisión preventiva. Si se garantiza su comparecencia, entonces no necesariamente procede esa medida”, detalló.
Asimismo, señaló que otro de los elementos que se analizan es el posible riesgo para las víctimas, testigos, terceros o incluso para el propio imputado, valoración que es realizada por la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca).
Finalmente, reiteró que será la autoridad judicial federal la que emita la resolución sobre el amparo y defina si la medida cautelar de prisión preventiva permanece vigente o es modificada durante el desarrollo del proceso penal.
