Diputados de Morena cuestionaron la iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal para armonizar la legislación local con la reforma judicial federal, al considerar que algunas de las modificaciones propuestas podrían devolver al Poder Judicial facultades para intervenir en la designación de jueces y magistrados.
El diputado Eric Silva Hernández afirmó que la nueva propuesta representa una modificación a temas que ya habían sido discutidos por la Legislatura y sostuvo que, desde su perspectiva, nuevamente se pretende corregir decisiones tomadas previamente por los diputados de Acción Nacional.
Por su parte, la diputada Claudia Díaz Gayou centró sus críticas en el Artículo 27 de la iniciativa, al señalar que contempla que, ante la ausencia definitiva de un juez o magistrado, el Órgano de Administración Judicial pueda realizar el nombramiento correspondiente, en lugar de recurrir al siguiente candidato de la lista de personas electas.
La legisladora consideró que esta disposición podría abrir la puerta a designaciones discrecionales y alejarse del principio de elección popular de las personas juzgadoras. A su juicio, el planteamiento podría favorecer la permanencia de perfiles que ya forman parte del Poder Judicial.
Díaz Gayou también cuestionó el contenido del Artículo 28, particularmente por la participación que tendría la Escuela de Formación Judicial dentro del nuevo esquema, al considerar que esta disposición también debe ser revisada para evitar mecanismos que contradigan el espíritu de la reforma judicial.
Respecto al Artículo 30, recordó que Morena había planteado una integración del órgano correspondiente con una persona propuesta por el Ejecutivo, una por el Legislativo y tres por el Poder Judicial. Señaló que dicha reserva fue rechazada durante la discusión anterior y sostuvo que la propuesta de Morena estaba sustentada en lo establecido por la Constitución.
En tanto, Eric Silva Hernández explicó que Morena buscará impulsar una contrapropuesta que, entre otros puntos, garantice que la ciudadanía pueda elegir a las personas juzgadoras y que se establezcan mecanismos para garantizar una justicia pronta.
Entre las modificaciones que plantea el grupo parlamentario se encuentra establecer un plazo de seis meses para resolver los asuntos judiciales, salvo que exista una justificación válida para ampliar dicho periodo; establecer mecanismos para cubrir las vacantes con las siguientes personas candidatas electas, respetando el principio de paridad de género; eliminar la participación de la Escuela de Formación Judicial y llevar a la Constitución local tanto el procedimiento electoral como las atribuciones de los órganos del Poder Judicial.
El diputado también propuso que la iniciativa sea revisada nuevamente mediante Comisiones Unidas, con la participación de las comisiones de Procuración de Justicia y Puntos Constitucionales, a fin de que los legisladores puedan discutir nuevamente el contenido de la propuesta.
Silva Hernández señaló que corresponderá a la Mesa Directiva determinar la integración y presidencia de dichas comisiones, aunque manifestó su intención de que los trabajos sean encabezados por un diputado de Morena, al considerar que su bancada es la que está impulsando los cambios planteados.
Una vez integradas las comisiones, explicó, continuarían las reuniones de trabajo, el análisis de las distintas propuestas y la elaboración del dictamen correspondiente. Posteriormente, la reforma tendría que ser sometida a votación en el Pleno y obtener mayoría calificada, además de ser aprobada por las dos terceras partes de los ayuntamientos del estado antes de su publicación por parte del Ejecutivo estatal.
El legislador rechazó que Morena busque retrasar el proceso legislativo y señaló que todavía existe margen para discutir y modificar las disposiciones, debido a que la convocatoria para la elección de las personas juzgadoras está prevista hasta abril.
Finalmente, Eric Silva sostuvo que Morena utilizará este periodo para intentar corregir lo que considera riesgos de la iniciativa y preservar, desde su perspectiva, los principios centrales de la reforma judicial, particularmente la participación ciudadana en la elección de jueces y magistrados y la eliminación de mecanismos que puedan permitir nuevamente el control político sobre los cargos judiciales.
