La Comisión de Educación y Cultura de la 61 Legislatura de Querétaro aprobó el proyecto de dictamen que modifica el artículo 59 de la Ley de Educación del Estado, con el objetivo de reforzar la participación de madres, padres y tutores en los procesos de formación y seguimiento de los estudiantes.
El diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz explicó que la propuesta busca armonizar la legislación estatal con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, colocando al estudiante como eje central y reconociendo la responsabilidad compartida entre las instituciones educativas, las familias y la comunidad.
El legislador señaló que la reforma contempla aspectos relacionados con la participación de las familias en la vida escolar, el seguimiento del desempeño educativo, el entorno digital, el bienestar de los estudiantes y la prevención de conductas de riesgo.
Piedragil Ortiz destacó que uno de los propósitos principales es establecer una mayor corresponsabilidad en la educación de niñas, niños y adolescentes, al considerar que esta tarea no debe recaer exclusivamente en las escuelas.
En ese sentido, señaló que en algunos casos existe la percepción de que los centros educativos deben asumir por completo la formación de los menores, cuando se requiere una participación activa de padres y tutores durante el proceso educativo.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Paul Ospital Carrera, explicó que la propuesta tuvo su origen en la sociedad civil, específicamente a partir de una tesis elaborada por estudiantes de la maestría en Educación de la Universidad de Excelencia Educativa, ubicada en San Joaquín.
Posteriormente, la iniciativa fue sometida a un proceso de revisión y recibió adecuaciones en materia jurídico-parlamentaria antes de ser presentada ante la comisión para su análisis.
Durante la sesión también se abordó la situación de instituciones educativas que presuntamente operan sin contar con los permisos o la validez oficial correspondiente.
La diputada Teresita Calzada Rovirosa informó que ciudadanos han acudido a solicitar apoyo ante casos de planteles que aparentemente funcionan sin autorización, situación que podría afectar a familias que buscan obtener certificados con validez oficial para continuar con los estudios de sus hijos.
De acuerdo con la legisladora, se han identificado entre 12 y 18 instituciones que enfrentarían este tipo de irregularidades, por lo que consideró necesario revisar el problema y buscar mecanismos para proteger a los estudiantes y sus familias.
Ante esta situación, Sinuhé Piedragil adelantó que trabaja en una iniciativa para atender posibles fraudes cometidos por instituciones de educación media superior y superior que operan sin contar con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
Explicó que existen casos en los que este tipo de instituciones dejan de operar y desaparecen sin entregar a los estudiantes la certificación por la que pagaron, generando afectaciones económicas y académicas.
El diputado invitó a Teresita Calzada a participar en la construcción de esta propuesta legislativa, con la intención de generar medidas que permitan prevenir este tipo de situaciones y brindar mayor certeza a quienes buscan realizar estudios en instituciones particulares.
