Durante el segundo año de ejercicio constitucional de la 61 Legislatura, el Congreso del Estado de Querétaro impulsó modificaciones legales en áreas como justicia, seguridad, derechos humanos, igualdad, salud, democracia, medio ambiente y desarrollo social.
El periodo, comprendido entre septiembre de 2025 y el 15 de agosto de 2026, fue presentado en el informe de actividades por el presidente de la Mesa Directiva, Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, quien resaltó la actualización del marco jurídico estatal a partir de las reformas constitucionales federales, particularmente en materia judicial.
Uno de los principales procesos abordados por la Legislatura fue la transformación del Poder Judicial. Inicialmente, las reformas locales contemplaban que en 2027 la ciudadanía elegiría mediante voto popular a jueces, magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial. No obstante, tras la reforma federal del 2 de junio de 2026, que trasladó la jornada electoral judicial a 2028, el Congreso trabaja en una nueva adecuación de la Constitución estatal.
En materia de justicia civil y familiar, se aprobó la declaratoria para poner en marcha en Querétaro el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con una aplicación progresiva del nuevo modelo.
La protección de las mujeres también ocupó un lugar relevante en el trabajo legislativo. Entre las modificaciones destacan cambios al Código Penal en materia de acoso sexual y disposiciones para retirar la patria potestad a quienes sean condenados por feminicidio contra la madre de niñas, niños o adolescentes bajo su responsabilidad.
Asimismo, se ampliaron las conductas relacionadas con la violación de la intimidad sexual, incluyendo la generación de contenido sexual falso, la difusión de material íntimo sin consentimiento y otras formas de explotación mediante herramientas digitales, dentro de las reformas identificadas en el informe como “Ley Valeria”.
En seguridad pública, se informó sobre la creación de una Unidad Especializada en Extorsión dentro de la Fiscalía General del Estado, así como de una Unidad Central de Delitos Patrimoniales para investigar casos de mayor complejidad. También se incorporó la perspectiva de género en acciones de seguridad, policía de proximidad, tránsito y justicia cívica, además de medidas para evitar la revictimización y la violencia institucional contra mujeres.
Otra modificación relevante fue la incorporación como delito de conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol o determinadas sustancias cuando, por culpa, se ocasione la muerte de otra persona. A ello se sumaron medidas de movilidad y protección para mujeres y niñas, entre ellas el exhorto para establecer “Senderos Seguros”.
En el ámbito laboral, el Congreso aprobó la minuta de reforma constitucional relacionada con la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. También se establecieron restricciones para que personas registradas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias puedan desempeñar determinados cargos, empleos o comisiones dentro del servicio público estatal.
Respecto a igualdad, se modificó la Constitución local para fortalecer las acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, así como para combatir la brecha salarial. También se incluyeron disposiciones sobre violencia durante la lactancia, educación menstrual y la generación de espacios escolares más inclusivos.
Entre las modificaciones con impacto social se encuentra además la regulación del reconocimiento de la identidad de género autopercibida mediante un procedimiento administrativo ante el Registro Civil.
La agenda educativa incorporó nuevas disposiciones para promover entre niñas, niños y adolescentes un uso responsable y seguro de las tecnologías de información y comunicación, así como una mayor protección de sus derechos en los entornos digitales.
En materia ambiental, se prohibió la circulación de vehículos recreativos todo terreno dentro de áreas naturales protegidas y otras zonas de conservación. La legislación contempla excepciones cuando las autoridades determinen que su utilización no representa daños al ambiente, la biodiversidad o terceros.
La actualización de las reglas electorales también formó parte de los trabajos del Congreso. Entre los cambios se estableció que la participación de las mujeres en un 50 por ciento representa un mínimo y no un límite. Además, se contempló que mujeres encabecen planillas de ayuntamientos en al menos dos municipios en los que históricamente no han gobernado.
Las reformas electorales incluyeron mecanismos para atender la violencia política contra las mujeres a través de medios digitales y facilitar el voto de personas en prisión preventiva sin sentencia condenatoria, así como de personas en estado de postración y sus cuidadoras primarias.
El Congreso también incorporó disposiciones para enfrentar el uso de inteligencia artificial y herramientas capaces de alterar imágenes, audios o videos y generar contenidos falsos que puedan incidir en la equidad de las elecciones o afectar los derechos de las candidaturas.
En participación ciudadana, se incorporó el parlamento abierto como mecanismo para fortalecer la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la intervención de organizaciones civiles, especialistas, instituciones académicas y ciudadanía en los procesos legislativos.
En salud, destacó la implementación del denominado Código Mariposa, enfocado en mejorar la atención a mujeres y familias que enfrentan pérdidas gestacionales o perinatales. También se reportaron acciones legislativas relacionadas con la prevención y atención del cáncer de próstata, diabetes y salud mental, además de medidas para reforzar la prevención del dengue.
La agenda cultural incluyó un exhorto para impulsar programas de lectura en espacios de transporte público y una solicitud para declarar como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado al Arte Textil de Lana del municipio de Colón.
En cuanto a las finanzas públicas, el informe señala que se aprobaron paquetes económicos bajo el objetivo de conservar finanzas sanas y sin incorporar nuevos impuestos, con prioridad para infraestructura, municipios del semidesierto y la Sierra, comunidades indígenas y personas con discapacidad.
La Legislatura también dio cuenta de los informes recibidos por parte de distintas instituciones estatales, entre ellas la Defensoría de los Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y los poderes Ejecutivo y Judicial.
En comunicación institucional, se reportó la transmisión de 26 sesiones de Pleno, 69 reuniones de comisiones y 92 ruedas de prensa realizadas por grupos y fracciones parlamentarias.
El balance presentado por la Mesa Directiva identifica como principales líneas de trabajo del segundo año legislativo la transformación del sistema de justicia, el fortalecimiento de la seguridad, la protección de los derechos humanos, la igualdad de género, la actualización de las normas electorales, la atención social y la regulación de nuevos desafíos derivados del uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial.
