La activista trans y estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, Imelda Gisselle Valero Vázquez, realizó este 27 de agosto una manifestación en la explanada de Rectoría para denunciar actos de transfobia y exigir una respuesta de las autoridades universitarias ante las situaciones de discriminación que, de acuerdo con su denuncia, persisten dentro de la institución.
La protesta se desarrolló frente al Auditorio Fernando Díaz Ramírez, donde en ese momento ingresó la rectora de la UAQ, Silvia Amaya Llano, acompañada por integrantes de su equipo, entre ellos el secretario Académico, Dr. Guadalupe Gómez, y el secretario Particular, Lic. Iván Omar Nieto Román.
De acuerdo con lo ocurrido durante la manifestación, las autoridades escucharon brevemente a Valero Vázquez y posteriormente ingresaron al auditorio, sin emitir una declaración pública sobre los señalamientos planteados por la activista.
La protesta coloca nuevamente sobre la mesa la situación que enfrentan las personas trans dentro de la Universidad y la respuesta institucional ante posibles actos de discriminación, acoso o violencia por motivos de identidad de género.
Un problema que la propia UAQ reconoce
La denuncia ocurre pese a que la propia Universidad Autónoma de Querétaro ha reconocido institucionalmente la existencia de la transfobia y la necesidad de generar mecanismos para prevenirla, atenderla y erradicarla.
En mayo de este año, la Dirección de Inclusión e Igualdad de Género para la Cultura de Paz de la UAQ emitió un pronunciamiento en el que reconoció que las personas de la diversidad sexual continúan enfrentando violencia, discriminación, desigualdad y negación de derechos, y estableció el compromiso institucional de implementar mecanismos para prevenir y atender particularmente la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia.
La propia documentación universitaria define la transfobia como una forma de discriminación relacionada con la identidad o expresión de género que puede manifestarse mediante rechazo, invisibilización, burlas, falta de reconocimiento de la identidad y otras formas de violencia.
La UAQ cuenta además con una Dirección especializada en inclusión e igualdad de género y con una Coordinación de Diversidades y Disidencias Sexuales, áreas que tienen entre sus objetivos contribuir a la construcción de espacios universitarios inclusivos y libres de violencia.
Sin embargo, para Valero Vázquez, estos pronunciamientos no son suficientes si no se traducen en acciones concretas frente a los casos que se presentan dentro de la comunidad universitaria.
Antecedentes de transfobia dentro de la Universidad
La situación no es completamente nueva. En noviembre de 2025, medios locales documentaron el testimonio de una estudiante trans de la Facultad de Derecho de la UAQ que denunció haber sido víctima de transfobia por parte de un profesor, quien se negó a reconocer su identidad y a utilizar el nombre con el que la estudiante se identificaba.
El caso fue expuesto públicamente durante un programa relacionado con la inclusión LGBT+ en instituciones educativas, donde la estudiante relató que, pese a contar con documentación relacionada con el reconocimiento de su identidad, enfrentó un trato discriminatorio dentro de la institución educativa.
Este antecedente se suma a otros reclamos de integrantes de la comunidad universitaria que han señalado burlas, cuestionamientos sobre el uso de baños y distintas expresiones de discriminación hacia personas de la diversidad sexual.
La propia UAQ ha reconocido en años anteriores que todavía existe un camino por recorrer para eliminar las distintas formas de discriminación contra la comunidad LGBT+, y ha señalado la necesidad de fortalecer las acciones preventivas en lugar de intervenir únicamente después de que ocurren los hechos.
De los pronunciamientos a las acciones
La manifestación de Imelda Valero Vázquez vuelve a poner a prueba la capacidad de las autoridades universitarias para responder a las denuncias de discriminación dentro de la institución.
Aunque la UAQ ha emitido pronunciamientos públicos en favor de la diversidad y contra la transfobia, el reclamo de la activista apunta a una diferencia entre el discurso institucional y la atención que reciben quienes denuncian situaciones de violencia o discriminación.
Durante la protesta de este 27 de agosto, la presencia de la rectora Silvia Amaya Llano y de funcionarios de Rectoría permitió un breve acercamiento con la manifestante, pero posteriormente las autoridades ingresaron al Auditorio Fernando Díaz Ramírez sin realizar un pronunciamiento público sobre los señalamientos.
El caso deja abierta la exigencia de que las autoridades universitarias no se limiten a reconocer la existencia de la transfobia, sino que establezcan respuestas claras ante las denuncias, garanticen el acompañamiento a las personas afectadas y transparenten las acciones emprendidas para prevenir que estos hechos se repitan.
Para una institución que públicamente sostiene que una universidad inclusiva debe revisar continuamente sus prácticas, lenguajes y formas de relacionarse, las denuncias de estudiantes trans representan un reto que deberá ser atendido con algo más que pronunciamientos: con medidas concretas, seguimiento y responsabilidades institucionales.
