Con la intención de avanzar hacia un marco constitucional que garantice de manera efectiva los derechos sociales de la población, el diputado Homero Barrera Mcdonald, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, inició los trabajos para construir una propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado de Querétaro.
Como parte de este proceso, se realizó el foro “Derechos Sociales: Latinoamérica y los retos de la Constitución local”, espacio en el que participaron especialistas en materia constitucional y de derechos humanos, entre ellos Marco Antonio León Hernández, jurista y autor de la última Constitución estatal, así como Fernando Casado Gutiérrez, consultor español especializado en derechos humanos y sociales.
Durante el encuentro se planteó la necesidad de que el crecimiento económico de Querétaro esté acompañado por políticas públicas que permitan ampliar el bienestar, la igualdad de oportunidades y el acceso efectivo a los derechos sociales.
Barrera Mcdonald señaló que la propuesta buscará analizar la incorporación y fortalecimiento de derechos sociales fundamentales dentro de la Constitución estatal, bajo criterios de responsabilidad presupuestal, viabilidad jurídica y aplicación progresiva.
El objetivo, explicó, es avanzar de un modelo de política social sustentado principalmente en programas y apoyos gubernamentales hacia un esquema en el que existan garantías mínimas de bienestar respaldadas constitucionalmente, independientemente del partido o administración que se encuentre en el gobierno.
El reto: que los derechos se cumplan
Durante su participación, Marco Antonio León Hernández señaló que, pese a que México y Querétaro cuentan con un marco jurídico amplio en materia de derechos humanos y sociales, todavía existe una brecha entre lo establecido en las leyes y la realidad que enfrenta la población.
El especialista también cuestionó el alcance de las recomendaciones emitidas por los organismos defensores de derechos humanos, al considerar que actualmente existen limitaciones para hacerlas efectivas.
Asimismo, señaló la importancia de fortalecer la formación ética y en derechos humanos de quienes ocupan responsabilidades dentro de las instituciones de seguridad.
Por su parte, Fernando Casado Gutiérrez destacó la responsabilidad de las instituciones públicas para convertir los derechos reconocidos en políticas que puedan materializarse en la vida cotidiana.
El consultor sostuvo que garantizar derechos sociales requiere superar la justificación de que “no hay dinero” y avanzar hacia una distribución más equitativa de los recursos, al considerar que la desigualdad puede incrementar la conflictividad social.
Con este foro, el Congreso local abrió una etapa de análisis y discusión que busca sentar las bases para una eventual reforma constitucional en materia de derechos sociales, cuya construcción contempla la participación de especialistas y el análisis de distintos modelos aplicados en México y otros países de Latinoamérica.
