Lo que comenzó como una denuncia de agresión entre estudiantes en una secundaria de Santa Rosa Jáuregui terminó poniendo bajo la lupa la actuación de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ).
Una madre de familia, Miriam Arteaga, denunció que su hija fue presuntamente agredida física y verbalmente por otra estudiante el pasado 3 de septiembre, dentro de la Secundaria General Mariano Matamoros y durante el horario de clases.
De acuerdo con su relato, la escuela solicitó su presencia y posteriormente se habría levantado una minuta. Sin embargo, la madre sostiene que el problema no terminó ahí y que su hija habría continuado recibiendo amenazas y comentarios denigrantes.
La situación llegó al punto en que la menor dejó de acudir a clases. La familia afirma que, además de recibir atención médica después de la agresión, la estudiante presenta afectaciones emocionales que le dificultan regresar al plantel.
La madre también cuestionó la respuesta de USEBEQ, pues asegura que entre las alternativas planteadas estuvo cambiar a su hija de turno o incluso de escuela.
¿Y la respuesta de USEBEQ?
La dependencia ha señalado que activó los protocolos correspondientes, abrió una investigación y mantiene comunicación con la familia.
El problema es que activar un protocolo no necesariamente significa que el problema esté resuelto.
La pregunta central es inevitable: si una estudiante denuncia una agresión dentro de la escuela, ¿por qué la solución que se plantea a su familia sería cambiarla de turno o de plantel?
USEBEQ tendría que explicar qué medidas concretas está tomando para garantizar que la menor pueda regresar a clases de manera segura y sin temor a nuevas agresiones.
También sería pertinente que la investigación contemple el contexto de ambas estudiantes: no para justificar una posible agresión, sino para entender qué está ocurriendo y evitar que la violencia vuelva a repetirse.
Al final, lo que está en juego no es solamente determinar qué ocurrió el 3 de septiembre.
Está en juego saber si una estudiante puede volver a su escuela con la certeza de que las autoridades harán lo necesario para garantizarle un entorno seguro.
