Afectados por desarrollos en distintos municipios de Querétaro denuncian que sus casos llevan años sin avances y piden a las autoridades acelerar las investigaciones.
Víctimas de presuntos fraudes inmobiliarios se congregaron en Plaza de Armas, en el Centro Histórico de Querétaro, para exigir justicia y atención a las denuncias que, aseguran, llevan años sin resolverse.
Los manifestantes pidieron avances en las investigaciones relacionadas con el llamado “cártel inmobiliario”, término que utilizan para referirse a una serie de casos en los que, según sus testimonios, personas realizaron pagos por terrenos, viviendas o desarrollos que finalmente no fueron entregados.
Durante la protesta, afectados señalaron casos relacionados con desarrollos como El Roble, Quercus, Tierra Noble Juriquilla, Campestre del Lago, Valle del Cimatario y Mayant Cimatario, entre otros.
Algunos denunciantes aseguraron que realizaron pagos iniciales, mensualidades e incluso liquidaron los terrenos, pero posteriormente no recibieron los bienes adquiridos o dejaron de tener contacto con los responsables de los proyectos.
También señalaron que algunas denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro desde 2018 y 2019, pero sostienen que sus casos no han avanzado como esperaban.
Los manifestantes solicitaron la intervención de las autoridades estatales y pidieron ser atendidos por el gobernador Mauricio Kuri.
Algunos de los afectados también señalaron posibles irregularidades relacionadas con permisos y actuaciones de servidores públicos. Estas acusaciones corresponden a los testimonios de los manifestantes y deberán ser acreditadas mediante las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con un reporte publicado en abril de 2026, en Querétaro existían más de 400 carpetas de investigación y alrededor de 8 mil quejas relacionadas con posibles fraudes inmobiliarios e incumplimientos, aunque esas cifras corresponden a un corte y fuentes específicos.
En septiembre, la Fiscalía estatal también informó sobre detenciones relacionadas con investigaciones que las autoridades han vinculado con el denominado “Cártel Inmobiliario”.
Para las víctimas que se manifestaron, la exigencia central es que las investigaciones avancen, se esclarezcan los casos y, cuando corresponda, puedan recuperar su patrimonio.
