El colectivo Vocer@s de la Madre Tierra solicitó al Gobierno de Querétaro una suspensión precautoria de nuevas autorizaciones e instalaciones de centros de datos en el estado, mientras las autoridades transparentan el consumo de agua y energía de estos proyectos y sus posibles impactos ambientales acumulativos.
La petición fue presentada ante el Poder Ejecutivo estatal junto con un Informe Ciudadano sobre la expansión de centros de datos en Querétaro, elaborado a partir de solicitudes de información dirigidas a distintas dependencias públicas. Las integrantes del colectivo señalaron que, hasta ahora, la información disponible no permite conocer de manera integral las condiciones hídricas, energéticas, territoriales y ambientales de cada instalación.
La organización aclaró que su planteamiento no busca frenar el desarrollo tecnológico, sino que antes de autorizar nuevos proyectos o ampliaciones se conozcan sus impactos y la capacidad de la infraestructura estatal para atenderlos.
Teresa Roldán explicó que la suspensión solicitada tendría carácter temporal y estaría dirigida a nuevos actos de autorización, mientras se determina la situación de los centros de datos que ya operan, los que están en construcción y aquellos que se encuentran en proceso de autorización.
Querétaro concentra la mayor parte de la capacidad instalada
La preocupación cobra relevancia debido al crecimiento de esta industria en la entidad. Datos de la Asociación Mexicana de Centros de Datos señalan que Querétaro concentra alrededor de 72% de los 279 megawatts de capacidad instalada de centros de datos en México. Además, se proyecta que la capacidad instalada en el estado continúe aumentando durante los próximos años.
El colectivo pidió que se publique un inventario único que permita identificar los centros de datos existentes, autorizados, en construcción y anunciados, así como sus requerimientos de agua, energía y territorio.
Entre sus propuestas también está crear una coordinación entre las dependencias encargadas de agua, energía, medio ambiente, territorio e infraestructura, además de realizar una evaluación acumulativa de los proyectos.
El caso CloudHQ
Uno de los proyectos mencionados durante la presentación fue CloudHQ, anunciado en 2025 con una inversión de 4 mil 800 millones de dólares para construir seis centros de datos en un terreno de 52 hectáreas en Querétaro, con una capacidad prevista de hasta 900 megawatts.
Sobre este proyecto, las integrantes del colectivo señalaron que realizaron solicitudes de información ante distintas autoridades y cuestionaron la falta de documentación pública que, a su consideración, permita conocer integralmente sus impactos ambientales.
El colectivo también afirmó que Semarnat no localizó un procedimiento federal de evaluación de impacto ambiental para el campus de Querétaro bajo las denominaciones y parámetros consultados. Este señalamiento corresponde a la información presentada por la organización y forma parte de los elementos que busca esclarecer mediante sus acciones legales y solicitudes de información.
En este punto existe además un dato relevante: cuando el proyecto fue anunciado públicamente, CloudHQ informó que utilizaría sistemas de refrigeración sin agua, además de contemplar certificaciones LEED. Por ello, uno de los asuntos que el colectivo busca esclarecer es el consumo hídrico integral de estos desarrollos, incluyendo sus distintas etapas e infraestructura asociada.
Agua, energía y comunidades
Las activistas señalaron que la información sobre el abastecimiento de agua de los centros de datos continúa fragmentada y que algunas respuestas oficiales remiten las solicitudes a otras dependencias.
El colectivo relacionó esta falta de información con la situación de los recursos hídricos en distintas zonas del estado y mencionó particularmente los valles de San Juan del Río, Amazcala y Huimilpan.
También planteó que el análisis no debe limitarse al agua. La demanda energética, los cambios de uso de suelo y la infraestructura necesaria para estos proyectos —señalaron— deben evaluarse conjuntamente con las condiciones de las comunidades cercanas.
Entre las localidades que buscan documentar se encuentran Viborillas, La Esperanza y El Blanco, donde pretenden conocer las condiciones de acceso al agua y posibles efectos sobre actividades agrícolas. El propio colectivo reconoce que todavía existen vacíos de información para determinar el impacto específico de cada proyecto.
Preparan amparo e iniciativa ciudadana
Además de la solicitud de suspensión precautoria, las integrantes de Vocer@s de la Madre Tierra informaron que preparan un primer amparo relacionado con la falta de información y transparencia y que presentaron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos.
También anunciaron que trabajan en una iniciativa ciudadana para establecer reglas específicas para la operación y autorización de centros de datos, con la intención de presentarla ante el Congreso local.
Entre sus peticiones se encuentra transparentar las fuentes de abastecimiento de agua, determinar la capacidad eléctrica disponible por región, identificar los instrumentos de evaluación ambiental aplicables a cada instalación y garantizar la participación ciudadana desde las primeras etapas de los proyectos, bajo los principios del Acuerdo de Escazú.
El debate, por ahora, se concentra en una pregunta central: ¿qué información debe estar disponible antes de que Querétaro continúe autorizando nuevos centros de datos y cómo se determinará que el crecimiento de esta industria es compatible con la disponibilidad de agua, energía y territorio?
