El Gobierno federal dio 30 días naturales a las plataformas digitales para ajustar sus sistemas; la disposición establece obligaciones, pero no contempla sanciones directas por sí misma.
El Gobierno de México publicó el 14 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto de entornos digitales seguros para niñas, niños y adolescentes, que establece nuevas obligaciones para las plataformas digitales con el objetivo de prevenir la exposición de menores de edad a contenidos que promuevan la violencia y otras conductas perjudiciales.
La disposición, firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca que las empresas digitales implementen medidas de prevención, detección y retiro de contenidos de riesgo, además de fortalecer los mecanismos de seguridad y privacidad para las personas menores de edad.
¿Qué contenidos deberán restringirse?
El decreto prohíbe que las plataformas permitan a niñas, niños y adolescentes acceder, exponerse o recibir recomendaciones de contenidos que generen o promuevan conductas como:
- Acoso, ciberacoso y ciberbullying.
- Discursos de odio y extremismo violento.
- Abuso, explotación y violencia sexual.
- Suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios.
- Violencia en el entorno escolar.
- Conductas ilícitas y material sexual explícito.
La disposición contempla tanto las publicaciones que las personas encuentran directamente como aquellas que los sistemas de recomendación de las plataformas pueden mostrarles.
Verificación de edad, privacidad y controles parentales
Para cumplir con estas obligaciones, las plataformas deberán implementar mecanismos confiables para verificar la edad de sus usuarios, sin depender exclusivamente de la declaración que hagan al crear una cuenta.
También tendrán que establecer criterios de clasificación por edades y moderación de contenidos, así como identificar y retirar de inmediato cuentas o publicaciones que promuevan las conductas de riesgo contempladas en el decreto.
Entre las medidas adicionales se encuentran habilitar mecanismos accesibles para denunciar contenidos y usuarios, incorporar herramientas de supervisión para madres, padres y tutores, y activar de manera predeterminada las configuraciones de privacidad y seguridad más estrictas disponibles al crear nuevas cuentas.
Las empresas también deberán evaluar los riesgos que sus funciones, sistemas de recomendación e interacciones pueden representar para niñas, niños y adolescentes.
Las plataformas deberán colaborar con las autoridades
El decreto establece obligaciones de cooperación con las autoridades competentes de procuración y administración de justicia.
Las empresas deberán mantener un mecanismo de contacto directo disponible las 24 horas del día, durante todo el año, para atender los requerimientos de información de las autoridades.
Asimismo, deberán preservar y entregar evidencia relevante conforme a las disposiciones aplicables y alertar a las autoridades cuando identifiquen contenidos que atenten contra la vida, dignidad, seguridad, integridad o privacidad de menores de edad.
¿Cuándo deberán cumplir y qué pasa si no lo hacen?
Aunque el decreto entró en vigor tras su publicación, las plataformas cuentan con un plazo máximo de 30 días naturales para realizar los ajustes técnicos necesarios y documentar e informar las medidas implementadas.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el Gobierno federal dará seguimiento al cumplimiento mediante la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Sin embargo, existe una diferencia importante: el decreto es obligatorio, pero no establece por sí mismo sanciones directas para las plataformas. La mandataria explicó que, si se detecta incumplimiento, el Gobierno podría avanzar hacia una legislación que incorpore sanciones específicas.
La aplicación de estas medidas será clave para determinar cómo las plataformas previenen la exposición de menores a contenidos dañinos, atienden las denuncias y responden ante las autoridades.
El decreto se sustenta en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que contempla la obligación del Estado de promover el acceso y uso seguro de internet, así como la prevención y atención de la violencia ejercida mediante tecnologías de la información.
