La presidenta de la Comisión Especial de Vigilancia de las Cuentas Públicas del Congreso local, Claudia Díaz Gayou, acusó a la Mesa Directiva de no dar respuesta a la solicitud de excusa que presentó para abstenerse de participar en la revisión de la cuenta pública de Tequisquiapan, debido a un posible conflicto de interés.
En rueda de prensa, explicó que el pasado 6 de febrero solicitó formalmente apartarse de cualquier procedimiento relacionado con ese municipio, donde en 2024 brindó servicios como proveedora. Ante la falta de contestación dentro del plazo legal de 48 horas, reiteró su petición el 17 de febrero. Posteriormente, señaló que el 20 de febrero la comisión no incluyó el asunto en el orden del día y decretó un receso, sin que hasta el momento haya sido notificada de una resolución.
Díaz Gayou sostuvo que en la sesión de pleno anterior se realizaron señalamientos en su contra que calificó como infundados y basados en desconocimiento o mala fe. Subrayó que desde el inicio de su encargo presentó su declaración de posible conflicto de interés, en la que informó ser socia de una empresa, y aclaró que las observaciones contenidas en el informe corresponden a la entidad fiscalizada por la falta de documentación.
La legisladora adelantó que no votará ni dará trámite a esa cuenta pública en el pleno, aunque continuará al frente de la comisión para la revisión de las demás 56 entidades auditadas. Asimismo, exhortó a sus compañeros diputados y a funcionarios del Poder Legislativo a transparentar cualquier posible conflicto de interés, ya sea personal, familiar o empresarial, y a excusarse cuando corresponda.
Durante la sesión de preguntas, indicó que podrían existir otros casos similares dentro del Congreso y estimó que más de diez legisladores podrían enfrentar situaciones de conflicto de interés, aunque puntualizó que cada uno debe realizar el procedimiento correspondiente para hacerlo público.
Finalmente, advirtió sobre un rezago en la dictaminación de ejercicios fiscales anteriores, al señalar que durante una década no se completó el proceso legislativo de las cuentas públicas de los últimos once años, situación que —dijo— podría afectar su legalidad. Anunció que solicitará al pleno revisar el procedimiento para regularizar esta situación.
