La diputada local del Partido del Trabajo (PT), Claudia Díaz Gayou, acompañada por el diputado Eric Silva Hernández y el regidor de Morena en el Ayuntamiento de Querétaro, Fernando Flores Pérez, pidió la cancelación definitiva del proceso para vender 12 predios municipales, al considerar que la suspensión anunciada por el gobierno capitalino es insuficiente y no elimina el riesgo de que los terrenos sean privatizados.
En conferencia de prensa, los representantes señalaron que la decisión del alcalde Felipe Fernando Macías de pausar el procedimiento no resuelve las inquietudes de fondo sobre el destino de los inmuebles, por lo que insistieron en que la única salida viable es cancelar completamente el acuerdo aprobado por el Cabildo.
Claudia Díaz Gayou sostuvo que la ciudadanía ha manifestado su rechazo a la venta de terrenos que, afirmó, fueron donados para destinarse a parques, espacios recreativos y equipamiento urbano. En ese sentido, consideró que el municipio debe buscar alternativas para enfrentar sus necesidades financieras sin recurrir a la enajenación de patrimonio público.
La legisladora también cuestionó el manejo de los recursos por parte de la administración municipal y aseguró que es necesario fortalecer la transparencia en el uso del presupuesto, en lugar de disponer de bienes que pertenecen a las y los queretanos.
Por su parte, el regidor Fernando Flores Pérez afirmó que la venta de los 12 predios pretendía generar ingresos por más de 235 millones de pesos. Además, señaló presuntas inconsistencias en algunos avalúos, al considerar que ciertos terrenos habrían sido valuados por debajo de su precio real, por lo que pidió aclarar los criterios utilizados para fijar su valor.
Asimismo, rechazó que el municipio atraviese una crisis financiera que justifique la venta de inmuebles y atribuyó la situación a un manejo ineficiente de los recursos públicos, al asegurar que existen partidas importantes destinadas a otros rubros del gasto.
En tanto, el diputado Eric Silva Hernández afirmó que los predios fueron entregados originalmente para fortalecer la infraestructura y los espacios públicos de la ciudad, por lo que consideró que su comercialización representaría un perjuicio para la población.
Finalmente, los legisladores propusieron la realización de un Cabildo Abierto para que la ciudadanía participe en la discusión sobre el futuro de los terrenos municipales y pueda expresar su postura antes de que se tome cualquier decisión definitiva respecto al patrimonio público.
