El secretario general de Morena en Querétaro, Alejandro Pérez Ibarra, rechazó las declaraciones de la coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Teresita Calzada Rovirosa, sobre la Ley de Identidad de Género, al considerar que descalifican a quienes impulsan la reforma y plantean los derechos humanos como temas susceptibles de condicionarse.
El dirigente estatal afirmó que no comparte la postura expresada por la legisladora y calificó como desafortunadas sus declaraciones, al señalar que ninguna persona debe ser descalificada por su lugar de origen cuando participa en un debate relacionado con el reconocimiento de derechos.
Pérez Ibarra sostuvo que las y los diputados tienen la obligación de legislar conforme al Estado de derecho y garantizar la protección de los derechos humanos, independientemente de convicciones personales o posturas ideológicas. Asimismo, criticó cualquier planteamiento que pretenda someter estos temas a la opinión de las mayorías, al asegurar que los derechos humanos no pueden ponerse a consulta.
En ese sentido, reiteró que Morena mantendrá una postura a favor de la progresividad de los derechos y señaló que las diferencias políticas no deben convertirse en un obstáculo para garantizar su ejercicio.
En otro tema, el dirigente estatal aseguró que la movilización ciudadana fue determinante para que el gobierno municipal reconsiderara la venta de 12 predios municipales en la capital queretana. Indicó que Morena buscará que la cancelación de esa medida sea definitiva y sostuvo que dichos espacios deben conservarse como patrimonio público. Además, expresó que el incremento del gasto corriente del municipio genera cuestionamientos en el contexto previo al proceso electoral.
Respecto a la propuesta del diputado federal con licencia Gilberto Herrera para ampliar la duración de las campañas electorales, Pérez Ibarra manifestó su respaldo al objetivo de fortalecer un voto más informado. Sin embargo, consideró necesario evaluar el impacto económico que tendría una medida de ese tipo y planteó la posibilidad de generar mayores espacios de difusión para que la ciudadanía conozca las propuestas de las y los candidatos, sin que ello implique un incremento excesivo del gasto público.
