La comparecencia de la secretaria del Trabajo de Querétaro, Liliana San Martín Castillo, ante la Legislatura estatal terminó en un intercambio de preguntas y respuestas en el que la diputada Claudia Díaz Gayou insistió en obtener datos concretos sobre los resultados de los programas laborales, particularmente en materia de inspección, defensa de derechos y mejora de las condiciones de los trabajadores.
Durante la Glosa, Gayou cuestionó a la funcionaria sobre los resultados de programas que atienden a miles de personas, entre ellos uno dirigido a 2 mil 308 jóvenes, y preguntó cuántos de ellos consiguieron empleo o mejoraron sus ingresos después de participar.
La legisladora también pidió indicadores verificables para determinar si las acciones de la Secretaría del Trabajo realmente se han traducido en mejores condiciones laborales para los trabajadores queretanos.
Entre sus cuestionamientos planteó cuántas inspecciones se realizaron, cuántas irregularidades fueron detectadas, cuántos procedimientos derivaron en sanciones y, sobre todo, cuántos trabajadores vieron efectivamente mejoradas sus condiciones laborales como consecuencia de la intervención de la dependencia.
La secretaria respondió que la dependencia había realizado 2 mil 700 inspecciones laborales, con un alcance reportado de 91 mil 694 trabajadores.
También informó que el protocolo para prevenir el trabajo infantil se activó en 84 ocasiones, lo que permitió detectar a 147 adolescentes que trabajaban sin contar con el permiso correspondiente, quienes fueron separados de los centros de trabajo, de acuerdo con lo expuesto durante la comparecencia.
Sin embargo, cuando Gayou insistió en conocer con mayor precisión el alcance de las acciones de acompañamiento y atención a trabajadores, la discusión volvió a centrarse en la falta de un desglose puntual.
La diputada pidió conocer cuántos acompañamientos se habían realizado y en qué rubros, mientras que la secretaria respondió que existían estadísticas de distintas áreas: conciliación laboral, procuraduría, inspección y el Centro Estatal de Empleabilidad.
Gayou volvió a pedir que se mostrara la información y solicitó específicamente el número correspondiente a cada rubro.
La secretaria señaló que podía abrirse la información por área, mientras desde la Mesa Directiva se pidió terminar con el intercambio entre ambas.
Ante la espera de la información solicitada, Gayou terminó el intercambio con una frase que resumió el choque durante la comparecencia:
“Me queda claro que no tienen la información.”
El episodio dejó sobre la mesa una de las preguntas centrales planteadas por la diputada: no solamente cuántos programas, convenios, inspecciones o servicios reporta la Secretaría del Trabajo, sino cuál ha sido su resultado concreto para los trabajadores.
La diferencia no es menor. Una cosa es contabilizar las acciones realizadas por una dependencia y otra demostrar, mediante indicadores verificables, qué efectos tuvieron esas acciones sobre salarios, condiciones laborales, atención de abusos y protección de los derechos de quienes trabajan en Querétaro.
Durante la comparecencia, San Martín también aclaró que la Secretaría no tiene atribuciones para imponer directamente las sanciones derivadas de las irregularidades laborales, argumento con el que respondió a uno de los cuestionamientos planteados por las diputadas.
Pero para Gayou, el punto central no era únicamente quién tiene la facultad sancionadora, sino conocer qué resultados concretos obtiene la Secretaría con las inspecciones, acompañamientos y servicios que reporta.
Así, la comparecencia dejó una discusión que difícilmente se resuelve con una lista de programas y cifras acumuladas: ¿cuántos trabajadores mejoraron realmente sus condiciones laborales como resultado de las acciones de la Secretaría del Trabajo?
Esa fue la cifra que la diputada buscó durante la Glosa y que, al menos durante el intercambio registrado, no quedó claramente expuesta.
