¿Qué está haciendo USEBEQ para garantizar espacios seguros dentro de las escuelas?
Cuatro personas lesionadas, dos cuchillos asegurados y un menor de edad detenido. Ese es el saldo de la agresión registrada este miércoles en la Secundaria General Esperanza Cabrera, ubicada en la colonia Paseos de San Miguel, al norte de la capital queretana.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, elementos policiacos acudieron al plantel luego de recibir un reporte sobre un adolescente que mantenía un comportamiento agresivo. Al llegar, fueron informados de que cuatro personas habían sido lesionadas con un objeto punzocortante. El menor fue detenido y le fueron asegurados dos cuchillos, que quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado.
Las personas lesionadas recibieron atención médica. Hasta ahora, la autoridad no ha difundido públicamente un reporte detallado sobre el estado de salud de cada una.
Pero el caso no termina con la detención del adolescente.
También coloca bajo escrutinio la actuación de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) y la capacidad de sus protocolos para prevenir, detectar y responder ante situaciones de violencia dentro de los planteles.
USEBEQ asegura que activó los protocolos
Después de los hechos, USEBEQ informó que actuó de manera inmediata conforme a los protocolos establecidos y que realizó el llamado al 911 para solicitar la intervención de las autoridades.
La dependencia señaló que colaborará con las instancias encargadas de investigar lo ocurrido y que realizará una revisión de los hechos dentro del ámbito de sus atribuciones. También sostuvo que mantiene acciones de prevención, capacitación y fortalecimiento de la sana convivencia.
La USEBEQ cuenta con un protocolo específico para la prevención, detección y actuación en casos de ingreso de armas y sustancias nocivas para la salud en las escuelas públicas de educación básica de Querétaro, además de mecanismos para atender situaciones de acoso escolar y maltrato.
Por eso, lo ocurrido en la Secundaria Esperanza Cabrera obliga a revisar la diferencia entre tener protocolos establecidos y lograr que esos mecanismos funcionen efectivamente dentro de los planteles.
Cuatro personas resultaron lesionadas dentro de una secundaria y dos cuchillos fueron asegurados en el lugar.
La revisión anunciada por USEBEQ tendrá que establecer cómo se desarrolló la emergencia, cómo ingresaron los objetos punzocortantes y qué medidas tomó el personal del plantel para proteger al resto de la comunidad escolar.
Lo ocurrido antes de la llegada de la policía
La información disponible permite establecer que la intervención policial ocurrió después de una llamada de emergencia y que, cuando los agentes llegaron, el menor ya había sido retenido por personal directivo.
Reportes sobre lo ocurrido señalan que los objetos punzocortantes también habían sido retirados. De acuerdo con esa versión, el adolescente habría lesionado a tres estudiantes y a un trabajador de la escuela.
La secuencia completa del incidente todavía no ha sido explicada públicamente por las autoridades.
Tampoco se han dado a conocer todos los detalles sobre las circunstancias que llevaron al adolescente a iniciar la agresión ni sobre las medidas implementadas dentro del plantel durante los primeros momentos de la emergencia.
La Fiscalía General del Estado deberá esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la situación jurídica del menor.
Mientras tanto, corresponde a la autoridad educativa revisar la actuación del plantel y determinar si los protocolos establecidos fueron aplicados correctamente y si existen aspectos que deban modificarse o reforzarse.
El antecedente de Santa Rosa Jáuregui
El episodio de Paseos de San Miguel ocurre pocas semanas después de otro caso de violencia escolar en Santa Rosa Jáuregui.
El pasado 3 de septiembre, una estudiante de la Secundaria General Mariano Matamoros fue agredida dentro del plantel por otra alumna, de acuerdo con la denuncia de su familia. La menor recibió atención médica y posteriormente dejó de acudir a clases ante la preocupación por su seguridad.
Aquí hay una precisión importante: la estudiante fue la víctima y quien hizo pública la denuncia fue su madre.
La madre relató lo ocurrido y solicitó la intervención de las autoridades educativas. También cuestionó las condiciones en las que su hija podría regresar al plantel.
De acuerdo con el relato de la madre, una de las primeras alternativas planteadas por USEBEQ fue cambiar a la estudiante de turno o incluso de escuela. La familia cuestionó esta posibilidad, al considerar que la menor, después de haber sido víctima de una agresión, no debería ser quien tuviera que abandonar o modificar su entorno escolar para sentirse segura.
Posteriormente, USEBEQ informó que daría seguimiento al caso, mantendría comunicación con la familia y realizaría acciones relacionadas con la construcción de paz y la sana convivencia.
El caso de Santa Rosa y el ocurrido ahora en Paseos de San Miguel son diferentes y no pueden equipararse.
Pero ambos muestran distintos momentos en los que la autoridad educativa tiene que responder ante situaciones de violencia dentro de sus planteles: en un caso, una familia pidió garantías para que una estudiante víctima de agresión pudiera regresar a clases; en el otro, cuatro personas terminaron lesionadas dentro de una secundaria.
El punto de fondo es la capacidad de USEBEQ para garantizar que las escuelas sean espacios seguros antes, durante y después de una situación de violencia.
Bullying y ciberacoso: un problema que va más allá de las aulas
La violencia escolar tampoco se limita a las agresiones físicas.
El Gobierno de Querétaro reportó que durante 2024 1,907 estudiantes solicitaron ayuda en sus escuelas por situaciones relacionadas con bullying y ciberacoso, equivalente, según la propia autoridad, a aproximadamente 36 casos por semana.
Además, una encuesta realizada entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 a 16 mil 370 estudiantes de educación básica y 3 mil 583 padres de familia encontró que 30% de los estudiantes encuestados manifestó haber experimentado violencia digital.
A esto se suma el Módulo sobre Ciberacoso 2025 del INEGI. En Querétaro, 23.6% de las personas de 12 años y más usuarias de internet reportaron haber experimentado alguna situación de ciberacoso, frente a 20.4% a nivel nacional.
Este último indicador no corresponde exclusivamente a menores de edad, pero sí muestra la dimensión que tiene el fenómeno en la entidad.
Los datos permiten observar que la violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes puede presentarse de distintas formas y que, en muchos casos, la escuela termina siendo uno de los principales espacios donde las familias buscan ayuda.
Por ello, la política de seguridad escolar no puede reducirse a reaccionar cuando ya ocurrió una agresión.
Una revisión que tendrá que ir más allá del comunicado
USEBEQ ha informado que cuenta con protocolos de prevención, detección y actuación, y después de lo ocurrido en Paseos de San Miguel aseguró que fueron activados.
Ahora corresponde conocer los resultados de la revisión anunciada por la propia dependencia.
El caso plantea la necesidad de saber cómo funcionaron esos mecanismos en la práctica, desde la detección de la situación hasta el resguardo de los estudiantes y la atención posterior a las personas afectadas.
También será importante conocer qué medidas tomará la autoridad educativa para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.
Porque para las familias, la seguridad escolar no se reduce a que exista un protocolo publicado en una página institucional.
Significa que sus hijos puedan entrar a la escuela, permanecer dentro de ella y regresar a casa con la certeza de que existen mecanismos capaces de prevenir riesgos, atender oportunamente los conflictos y proteger a quienes integran la comunidad escolar.
Lo ocurrido en la Secundaria Esperanza Cabrera vuelve a colocar esa responsabilidad sobre la mesa.
¿Qué está haciendo USEBEQ para garantizar espacios seguros dentro de las escuelas?
La respuesta no debería limitarse a informar que un protocolo fue activado después de una emergencia.
También tendría que demostrar que esos mecanismos están funcionando para prevenir que la violencia llegue nuevamente hasta las aulas.
